El sacerdote a cargo de la capilla San Martín de Porres denunció que cuando decidió oficiar misa en la propiedad recuperada fue víctima de agresiones y amenazas de muerte. Los violentos hechos ocurrieron el sábado.
En 1994, la Municipalidad de Paraná le donó al Arzobispado de Paraná un terreno, ubicado en calle Los Minuanes esquina Indios Bohanes, en barrio Anacleto Medina, para construir allí un salón de usos múltiples.
Ese salón fue utilizado por la capilla San Martín de Porres para la celebración de misas, para dictar catequesis, para el funcionamiento de un merendero y también para dictar talleres de costura y de tejidos.
Entre 2008 y 2009, una mujer intrusó el lugar aun estando en funcionamiento como taller, según relata el sacerdote Germán Brusa, a cargo de la capilla San Martín de Porres, y entonces se inició una compleja trama de denuncias que llegó a la Justicia, que inició un trámite de desalojo a nombre del Arzobispado de Paraná.
La mujer dice haber alcanzado un acuerdo de palabra con el cura Rodolfo Ciuffo -muerto en 2014, anterior párroco en San Martín de Porres- para ocupar la propiedad.
Pero aquella supuesta transacción derivó en un conflicto de envergadura que ahora tiene en vilo al sucesor en San Martín de Porres, el sacerdote Germán Brusa.
Según contó el sacerdote al portal Entre Ríos Ahora Gisela Gómez recibió distintos pedidos para que abandone la propiedad y la devuelva para el uso de la Iglesia Católica. Pero ninguna gestión prosperó. La mujer se quedó con la propiedad, y anexó un negocio, y después la alquiló. Unos de los últimos inquilinos fueron los hermanos Siboldi, involucrados en el triple crimen de Bajada Grande, ocurrido en 2019. Por ese hecho, la Justicia condenó al padre, Oscar, y absolvió a los dos hijos, Alexis Brian.
“Con el tiempo fue prosperando económicamente -contó Brusa-. Le añadió al salón dependencias que las empezó a usufructuar como locales comerciales, que después alquiló. Nunca pagó impuestos, porque el título de la propiedad está a nombre del Arzobispado. No tiene documentación que la respalde. Ni siquiera de la luz, porque estaban enganchados. La única documentación que Gómez muestra a la hora de reclamar esta vivienda es una documentación de 2013, 2014, donde la Municipalidad le da permiso de uso. Pero es un permiso de uso trucho. La Municipalidad no puede dar permiso de uso de una propiedad privada”, afirmó el sacerdote, al tiempo que denunció que “hay una complicidad” y refirió que “ella es empleada del Concejo”.
Acción legal
A fines de 2019, principios de 2020, la mujer pone en venta la propiedad del Arzobispado de Paraná teniendo todavía inquilinos. Esa publicación fue vista por vecinos y fue entonces que se alertó a la curia de esa transacción en marcha. “Fue entonces que se inició la acción legal, con un juicio de desalojo a quienes están ahí, morando en ese lugar, o sea los hermanos Siboldi y la mamá de los hermanos. El juicio de desalojo fue en avance, se llega a un convenio con la familia Siboldi, y se firma un convenio de desalojo con fecha límite el 10 de noviembre”, detalló Brusa. “Ellos se fueron antes y nos avisaron para que fuéramos para la entrega de la llave. Eso ocurrió el viernes pasado. Tenía que estar presente para la entrega de la llave. No hubo problema con el desalojo. Los hermanos Siboldi se fueron”, afirmó.
Amenazas
Los inconvenientes ocurrieron el sábado, cuando el sacerdote decidió oficiar misa en la propiedad recuperada. “Ahí, cayó la señora Gómez y reclamó su vivienda, que no es suya, y lo hizo haciendo todo un ejercicio de violencia, no solo verbal sino física. Intervino la Policía, la sacaron por la fuerza, ella intentó prenderse fuego y le tiró nafta a una funcionaria policial. En ese escenario, quedamos en la casa totalmente desprotegidos”, detalló el religioso
“Gracias a Dios, hubo actuación de la Jefatura de Policía, para que podamos tener seguridad. Recibimos amenaza de muerte de uno de los hijos de Gómez, y de parte de alguien que está en el sindicato municipal, Leandro Castrogiovanni. Estamos un poquito asustados. Esperamos que haya definiciones judiciales por la denuncia que tuvimos que hacer”, expresó Brusa.
La celebración de la misa, el sábado, “fue interrumpida por la irrupción de Gómez, sus hijos y algunos acompañantes. Intervino la Policía, y yo mostré el documento que acredita la propiedad del Arzobispado. Ante esa situación, esta gente se puso violenta y vinieron a pegarme uno de los hijos; ella intentó prenderse fuego. Cuando se la llevaron, llegó este hombre Castrogiovanni y también amenazó. Nos dijo que íbamos a tener problemas”, completó.
