La intervención de Ueno Bank en Paraguay provocó protestas y enfrentamientos con la Policía. La Justicia ordenó detener a ocho directivos y el Gobierno anunció medidas para devolver los depósitos. También quedaron comprometidos fondos de jubilados y organismos públicos.
La crisis de Ueno Bank en Paraguay se profundizó con protestas de ahorristas, enfrentamientos con efectivos policiales y la detención de ocho integrantes de la conducción de la entidad financiera. El banco fue intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a problemas de solvencia, mientras miles de clientes enfrentaron restricciones para acceder a sus depósitos.
La situación generó preocupación por los recursos depositados por organismos estatales, especialmente el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar fondos previsionales. Según estimaciones difundidas por medios paraguayos, el organismo mantenía inversiones cercanas a los 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes aproximadamente al 9% de su cartera.
Ante la magnitud del conflicto, el presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y anunció gestiones ante el Congreso para acelerar la devolución de los ahorros. Además, suspendió su viaje a España, donde tenía previsto participar de la Cumbre Iberoamericana.
Protestas de ahorristas y enfrentamientos con la Policía
La suspensión de las operaciones bancarias provocó concentraciones de clientes frente a distintas dependencias de Ueno Bank. En Asunción y otras localidades, los ahorristas reclamaron información sobre sus depósitos y exigieron respuestas de las autoridades.
En algunos sectores se produjeron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales que custodiaban las instalaciones. Los agentes impidieron el ingreso a las dependencias mientras continuaba el procedimiento de intervención dispuesto por el Banco Central.
Las protestas también incluyeron reclamos políticos contra el Gobierno paraguayo. Parte de los manifestantes exigió la renuncia del presidente Santiago Peña, mientras la oposición comenzó a evaluar la posibilidad de impulsar un juicio político.
Detuvieron a ocho directivos de Ueno Bank
La Policía Nacional de Paraguay completó durante la noche del martes la detención de ocho directivos de Ueno Bank, quienes eran buscados por orden del Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.
El último detenido fue Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, localizado en el condominio Aqua Village, ubicado en el distrito de Altos, departamento de Cordillera.
Según informó el comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, los agentes establecieron un operativo de vigilancia en los accesos al complejo residencial.
“La Policía Nacional ya montó vigilancia en el portón de acceso y, al percatarse de la presencia de los uniformados, optó por entregarse”, confirmó el funcionario policial.
Almada Frutos se presentó ante los efectivos alrededor de las 21:40 y posteriormente fue trasladado a una dependencia policial de Asunción.
Entre los detenidos también figuraron Miguel Vázquez, vinculado a la conducción del Grupo Vázquez, propietario del banco; Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad; Alejandro Gómez Abente; Diego Duarte Schussmuller; Mariana Torres Rubiani; Julio Daniel Rey Fernández y Diana Leticia Mongelós González.
Investigan posibles delitos económicos y operaciones irregulares
La investigación judicial quedó a cargo de los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La causa fue identificada con el número 89/2026 y se inició a partir de una denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay, luego de detectar presuntas irregularidades durante sus tareas de supervisión.
Entre los posibles delitos investigados se mencionaron lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa, además de otras figuras relacionadas con eventuales perjuicios económicos.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que la denuncia original contenía aproximadamente 200 fojas y que, junto con la documentación complementaria, el expediente reunía cerca de 2.000 páginas.
Los investigadores comenzaron a examinar ese material para determinar las responsabilidades individuales y establecer si existieron operaciones que beneficiaron irregularmente a empresas o personas vinculadas con los administradores.
La Fiscalía también evaluaba si los elementos reunidos resultaban suficientes para formular imputaciones y solicitar medidas cautelares ante la Justicia.
Por qué intervino el Banco Central de Paraguay
Ueno Bank había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años. La entidad comenzó como una financiera y posteriormente se convirtió en un banco digital con una importante cantidad de clientes particulares, empresas y organismos públicos.
Su expansión también alcanzó al ámbito deportivo, donde se convirtió en patrocinador de clubes como Cerro Porteño y Olimpia, además de mantener acuerdos comerciales vinculados con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Sin embargo, durante las tareas de fiscalización surgieron observaciones sobre la situación patrimonial del banco y presuntas operaciones crediticias con empresas relacionadas con sus propietarios.
Según la información difundida, los organismos de supervisión detectaron que la entidad no contaba con el capital mínimo necesario para cumplir con las exigencias regulatorias.
Frente a ese escenario, el Grupo Vázquez anunció un plan de capitalización de emergencia por 100 millones de dólares, con un primer aporte previsto de 50 millones durante noviembre. No obstante, la medida no logró concretarse a tiempo para evitar la intervención.
Santiago Peña anunció medidas para devolver los depósitos
En medio de los reclamos, el presidente paraguayo comunicó que había solicitado la renuncia de Carlos Carvallo y acordado con las autoridades legislativas el tratamiento de una iniciativa para utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos.
“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo)”, expresó el mandatario.
También explicó que había acordado con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley destinado a iniciar la devolución inmediata de los depósitos garantizados.
“Esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”, sostuvo Peña.
El presidente remarcó que el organismo monetario debía comunicar los plazos y mecanismos para que los clientes pudieran recuperar sus ahorros.
Asimismo, buscó transmitir tranquilidad respecto del resto de las entidades financieras.
“Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la justicia, sin excepciones y sin privilegios”, afirmó.
La oposición analiza un juicio político
La intervención bancaria también desencadenó una crisis política por los vínculos comerciales que distintos sectores atribuyeron al presidente Santiago Peña con el grupo empresarial propietario de Ueno Bank.
Legisladores opositores comenzaron a trabajar en una propuesta de juicio político contra el mandatario y reclamaron explicaciones sobre los controles realizados por el Banco Central.
El senador Rafael Filizzola sostuvo que era necesario alcanzar acuerdos parlamentarios para avanzar con el procedimiento.
“Hay que construir mayorías”, expresó durante una entrevista radial.
Además, cuestionó la respuesta de las autoridades monetarias y advirtió sobre la cantidad de personas y organismos afectados por la situación.
“Hay muchísima gente afectada, el IPS está afectado, pero millones de personas porque este banco tiene millones de clientes”, señaló.
El legislador también criticó el desempeño del Banco Central y consideró que sus autoridades debían explicar por qué no se habían detectado o corregido antes las irregularidades.
Mientras continuaban las investigaciones judiciales y los reclamos de los ahorristas, el Gobierno paraguayo buscaba establecer mecanismos de devolución de los depósitos y contener las consecuencias financieras y políticas de la intervención.
