Exigirán menos requisitos a trabajadores de la cuarta categoría. Las medidas incluirán a los autónomos. Se conocerán durante la presente jornada.
Ganancias para el uso de dólares. Después de semanas de negociaciones internas y un férreo hermetismo en el entorno presidencial, el Gobierno nacional ultima detalles para anunciar un paquete de medidas que permitirá a los argentinos utilizar dólares no declarados, sin necesidad de atravesar un proceso formal de blanqueo. La presentación oficial se hará este jueves en Casa Rosada y fue organizada por un reducido círculo de funcionarios de máxima confianza del presidente Javier Milei.
"No va a ser un blanqueo", aseguró un alto funcionario del equipo de Luis Caputo, descartando cualquier paralelismo con regímenes anteriores que incluían beneficios fiscales explícitos a cambio de declarar activos. En lugar de ello, se trataría de un esquema alternativo, más flexible, que busca destrabar el uso de fondos fuera del sistema sin generar conflicto legal.
El propio presidente Milei se refirió a este tema con su habitual franqueza. Afirmó que aquellos argentinos que "fugaron la plata" no deben ser tratados como delincuentes, sino como "héroes", y sostuvo que trabaja para que esos fondos puedan ser utilizados "sin que nadie los persiga". La intención es clara: eliminar obstáculos para canalizar capitales hacia la economía real, incluso si provienen de circuitos no registrados.
Cambios en la declaración jurada de Ganancias
Según fuentes del equipo económico, una de las claves del nuevo esquema será la reducción de exigencias en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, en particular para los trabajadores de la cuarta categoría. Este grupo incluye a más de 390.000 autónomos, entre ellos profesionales, propietarios de pequeñas empresas y directores, cuyos ingresos superan la máxima categoría del monotributo, hoy fijada en $6,8 millones mensuales.
El Gobierno planea presentar esta iniciativa como una reforma técnica, desligada del blanqueo implementado en 2024. En ese entonces, se ofreció una condonación parcial de impuestos y sanciones para los contribuyentes que declararan activos no registrados. Esta vez, la estrategia apunta a la flexibilización de la normativa existente.
"Dado que no es posible modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias por un Decreto de Necesidad y Urgencia (Art. 99 inc 3 CN), las modificaciones estarían vinculadas con la reglamentación por parte de ARCA", explicó el tributarista Sebastián Domínguez.
La medida eximirá de declarar detalles patrimoniales e ingresos hasta cierto umbral
Una de las reformas más significativas sería la eliminación de la obligación de justificar el patrimonio del contribuyente, es decir, el detalle de cómo se financió el nivel de vida durante el año fiscal. "El Gobierno podría estar eliminando uno de los elementos más complejos de las declaraciones juradas: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido que es el dinero utilizado para vivir durante el año", agregó Domínguez.
En este sentido, según el titular de SDC Asesores Tributarios, "en su máxima expresión, se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias". Y continuó: "En consecuencia, si el contribuyente se adhirió al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto Bienes Personales ya no se deberá detallar los bienes que se posee".
De aplicarse, ARCA perdería acceso a información clave para el cruce de datos que hoy permite verificar la coherencia entre ingresos, consumos y patrimonio. Actualmente, los contribuyentes alcanzados por Ganancias deben informar su patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio fiscal, así como los gastos e ingresos deducibles.
Riesgos legales y tensiones internacionales
Si bien el Gobierno analiza imponer un tope -por ejemplo, US$ 100.000 anuales- para este tipo de operaciones no fiscalizadas, los especialistas advierten que la propuesta podría tener consecuencias legales.
Una de las principales críticas es que esta flexibilización impositiva podría ser interpretada como un "blanqueo encubierto", lo cual vulneraría las atribuciones del Congreso en materia tributaria. Además, existe el riesgo de que quienes utilicen estos mecanismos aún puedan ser objeto de futuras inspecciones o reclamos fiscales.
En el plano internacional, esta estrategia podría generar tensiones con organismos que exigen transparencia fiscal y lucha contra el lavado de dinero. (Con información de Clarín)
