Uso de dólares. El Gobierno nacional ultima detalles para avanzar en lo que sería el noveno intento de repatriación de capitales desde el retorno de la democracia. En este caso, el objetivo es permitir que los argentinos puedan reintroducir dólares en el circuito legal con un mecanismo más ágil, sin sanciones ni penalidades. La iniciativa se encuentra en manos del equipo económico que encabeza Luis Caputo, y podría instrumentarse mediante una resolución de ARCA (la exAFIP) y un decreto o DNU de la Casa Rosada.
“Argentina tiene un 60% de su economía en negro, para no seguir cazando en zoológico se buscan que ingresen los dólares al sistema. Cuando dicen que no te van a preguntar, es que nadie vio nada. El tema es que puedas gastar los dólares y comprar bienes. Si no pudiste hacerlo en el blanqueo, ahora empieza una nueva situación”, señaló una fuente cercana al equipo económico al diario Clarín.
La idea es que ARCA acepte el uso de moneda extranjera para operaciones formales, incluso sin haber mediado una ley, durante un período acotado de tiempo. Tal como expresó el presidente Javier Milei, se busca que quienes tienen ahorros informales puedan usarlos “sin dejar los dedos marcados”.
Flexibilización para montos menores a US$ 100.000
En una primera etapa se contemplaba la posibilidad de legalizar hasta US$ 50.000, pero finalmente se decidió elevar el tope a US$ 100.000, el mismo umbral que estableció la regularización de activos aprobada por el Congreso en 2024. Esa ventana, habilitada hasta noviembre del año pasado, permitía ingresar dólares en efectivo sin pagar impuestos ni afrontar consecuencias penales.
Desde el oficialismo insisten en que este nuevo esquema no constituirá un segundo blanqueo, pese a compartir objetivos similares. “No hay un blanqueo, todo va a estar acorde a las normas internacionales”, aseguró un funcionario del Ministerio de Economía, quien aclaró que se trabaja en conjunto con la exAFIP, Banco Central, UIF y CNV.
Fuentes de ARCA explicaron que se instruirá al organismo para aceptar dólares aunque el contribuyente haya declarado previamente ingresos en pesos. Esto apunta a quienes compraron dólares en el mercado informal -el llamado “dólar blue”- para evitar el costo más alto del contado con liquidación (CCL), pero tienen actividad registrada.
Dudas jurídicas y temores por el futuro
Los bancos exigirán una única declaración jurada en la que el contribuyente certifique que el origen de los fondos no es ilícito. “Si hoy está permitido hacer transacciones en moneda extranjera, ¿por qué entonces necesitamos avanzar? ¿Saben por qué? Porque todo lo que tienen los dólares en el colchón tienen miedo que después dejan los dedos marcados y los vayan a buscar, esa es la realidad”, dijo el presidente Milei el jueves.
La UIF seguirá controlando que los bancos cumplan con sus obligaciones como sujetos informantes en materia de prevención de lavado de dinero, pero se buscará aligerar la burocracia para las operaciones de menor monto. La fórmula jurídica final es lo que aún demora la implementación, según admiten desde el Gobierno.
Aun así, los especialistas en materia tributaria se mantienen cautelosos. “El Ejecutivo parece que se comprometería a no iniciar investigaciones impositivas o de UIF por el uso de dólares por menos de US$ 100.000. El problema es que esa garantía no se puede mantener frente a un cambio de criterio que podría darse en el futuro”, advirtió Gonzalo Brest, socio de Legales en KPMG.
Antecedentes y riesgos fiscales
La ausencia de una ley como la que respaldó el paquete fiscal 2024 deja a los potenciales adherentes más expuestos a futuros cambios de gobierno. Casos previos, como la reforma de 2018 tras el blanqueo de Macri, obligaron a pagar impuestos a sociedades del exterior. Luego, con Alberto Fernández, se aplicaron nuevos tributos como el “impuesto a la riqueza”.
“El Incremento Patrimonial no Justificado (IPNJ) permite al fisco presumir impuestos no pagados cuando aparecen fondos injustificados. Eso lo perdonó el blanqueo, pero sin ley debería haber algún tipo de liberación sobre lavado y fiscal”, explicó Sergio Caveggia, socio de impuestos en EY.
Con el antecedente de los US$ 20.600 millones en efectivo ingresados en 2024, el Gobierno aspira ahora a una meta más modesta: US$ 10.000 millones, apenas entre el 2,5% y 5% del volumen estimado de hasta US$ 400.000 millones que, según Milei, aún “duermen bajo el colchón”. (Con información de Clarín)
