El Gobierno modificó la reglamentación y estableció que las sociedades constituidas y domiciliadas en la Argentina podrán integrar las cadenas de suministro de los proyectos adheridos, sin importar el origen de su capital. El decreto también ajustó las reglas de inversión y acceso a divisas.
El Gobierno modificó la reglamentación del RIGI y estableció que las empresas de capital extranjero podrán ser consideradas proveedoras locales si están constituidas y domiciliadas en la Argentina. El Decreto 1366/2026 entró en vigencia este lunes 16 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial.
La medida modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por la Ley Bases. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo.
Según el Ejecutivo, el cambio busca que las empresas instaladas en el país puedan incorporarse a las cadenas de suministro de los grandes proyectos de inversión. La nacionalidad de los accionistas y el origen del capital quedan fuera de los requisitos para ser considerado proveedor local.
Quiénes podrán ser proveedores locales
La definición incluye a las personas físicas con domicilio fiscal en el país y a las sociedades constituidas y domiciliadas en territorio argentino. En ambos casos, deberán prestar servicios o suministrar bienes a uno o más proyectos adheridos al RIGI.
Para las empresas que suministren bienes, el decreto mantiene los criterios de origen nacional previstos en el acuerdo del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación deberá precisar cómo se verificará ese requisito.
La norma también fija una fecha límite única para que cada Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo alcance el mínimo de inversión exigido para el conjunto. Ese vencimiento se distingue de los plazos y montos comprometidos para cada etapa.
Qué cambia para las acciones, los socios y las sucursales
Un tercero podrá comprar acciones de una empresa adherida al RIGI sin que la operación afecte los beneficios del proyecto. El importe de esa compra quedará fuera del cálculo de la inversión mínima exigida por la ley.
Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos podrán ceder participaciones o sumar integrantes. Deberán informar la operación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción y acreditar, entre otros requisitos, que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes.
Las sucursales dedicadas podrán transferir todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada para ese fin, previa autorización. La nueva sociedad conservará los beneficios y compromisos del proyecto, así como la fecha de adhesión y los plazos originales.
Cómo se computarán las divisas
El Banco Central podrá condicionar el acceso al mercado de cambios de los proyectos que hayan contemplado el incentivo sobre los cobros de exportaciones. En esos casos, podrá exigir que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen el monto acumulado que demande el proyecto, incluido el pedido en trámite.
Para ese cálculo podrán sumarse las divisas provenientes de aportes de no residentes o de financiamiento externo que ingresen y liquiden los accionistas o socios, los integrantes de uniones transitorias o la empresa titular de una sucursal dedicada. Solo se computará la parte que se destine efectivamente al proyecto y pueda rastrearse en los registros contables.
El decreto exceptúa de esa condición a los pagos habilitados de intereses de deuda financiera y de dividendos. El Banco Central deberá establecer los procedimientos para acreditar el ingreso y la aplicación de los fondos al proyecto.