Lo que en un primer momento parecía ser un incendio doméstico terminó destapando un caso de extrema gravedad en la ciudad de Santa Fe. Un foco ígneo registrado durante la mañana de este miércoles en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte dejó al descubierto el funcionamiento de un hogar de tránsito clandestino para adultos mayores y personas con discapacidad, donde los residentes denunciaron haber sufrido hambre, abandono, maltratos y la retención de sus documentos personales y jubilaciones.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle José Gollán al 10.100, en el norte de la capital provincial. Hasta allí llegaron patrulleros de la Policía de Santa Fe y dotaciones de Bomberos para sofocar el fuego. El incendio no dejó víctimas, pero sí abrió una investigación judicial que comenzó a reconstruir qué ocurría puertas adentro de la vivienda.

Poco después de controlar las llamas, fuentes municipales confirmaron que el establecimiento no estaba registrado ni habilitado para funcionar como geriátrico ni como hogar de tránsito, por lo que la Justicia busca determinar quiénes eran los responsables del lugar, bajo qué condiciones permanecían allí siete personas y si existieron delitos vinculados al cuidado y administración de los residentes.

 

La investigación avanzó con una detención y el traslado de los residentes

 

Durante la tarde intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que detuvo a un hombre que trabajaba en el inmueble y que, en principio, cumplía funciones de cuidador.

Mientras tanto, asistentes sociales de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe realizaron un relevamiento de la situación y dispusieron el traslado de seis de los siete residentes a la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada sobre avenida Blas Parera, donde quedaron bajo resguardo.

 

Solo uno de los alojados decidió no ser trasladado porque, según explicó, tenía otro lugar donde permanecer. También comentó que poco tiempo antes había abonado la estadía en la residencia de barrio Nuevo Horizonte, situación que podría explicar su decisión de permanecer fuera del operativo.

Con el correr de las horas también comenzaron a conocerse imágenes del interior de la vivienda. En una de ellas se observó el patio interno del inmueble, donde quedó el colchón parcialmente consumido por las llamas, elemento que permitió reconstruir cómo comenzó el incendio.

 

"Yo fui el que incendió todo"

 

La investigación dio un giro cuando uno de los residentes reconoció públicamente haber iniciado el fuego.

 

"Yo fui el que incendió todo. Yo prendí fuego", afirmó Héctor, de 63 años, a AIRE.

Lejos de intentar ocultarlo, explicó que se trató de un acto desesperado para lograr que alguien interviniera.

 

"Me quiero ir. Hice eso para llamar la atención porque si no, no te dejan salir", expresó.

 

Según relató, había llegado al lugar con la promesa de recibir atención y cuidados, pero la realidad fue completamente distinta.

"Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés", sostuvo.

 

El hombre formuló una de las denuncias más graves de toda la investigación al asegurar que los residentes llevaban varios días sin recibir alimentos.

 

"Hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada", aseguró.

También afirmó que necesitaba atención médica porque se le habían abierto los puntos de una intervención en un pie y que no le permitían concurrir al hospital.

 

"Tengo que ir al médico porque se me saltaron los puntos del pie y no quieren que vaya al Iturraspe", denunció.

 

"Dormíamos con hambre y en el piso"

 

Las acusaciones de Héctor encontraron rápidamente respaldo en otro de los residentes.

 

Luis César Arriola, de 80 años, exchofer de colectivos y jubilado, llevaba dos años viviendo en la residencia clandestina. Su relato confirmó punto por punto las denuncias realizadas horas antes.

Consultado sobre cómo vivía, respondió sin rodeos.

 

"Mal, con hambre, durmiendo en el piso, con un colchón, sin almohada y con una cobija que más una cubrecama. Eso es todo. Así dormía", contó.

 

Cuando le preguntaron si era cierto que llevaban cuatro días sin comer, respondió con firmeza.

 

"Es la pura verdad", afirmó.

 

Pero aclaró que el problema no había comenzado esa semana.

"La comida era una limosna de refugiados", describió para explicar la calidad y cantidad de los alimentos que recibían habitualmente.

 

Cómo terminó viviendo allí

 

El testimonio de Arriola también permitió reconstruir cómo funcionaba el ingreso de personas a este tipo de establecimientos.

Según explicó, una asistente social que trabaja en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus lo puso en contacto con la mujer que administraba la vivienda.

 

Sin embargo, aclaró que nunca buscó alojamiento.

Su intención era recuperar pertenencias que había dejado en otro hogar de características similares.

Al llegar, todo cambió.

 

Según denunció, la responsable del lugar le retuvo inmediatamente toda su documentación personal, las credenciales de su obra social, el dinero que llevaba consigo y otras pertenencias.

Le prometieron recuperarlas esa misma tarde.

 

Eso nunca ocurrió. "Hasta el día de hoy estoy esperando la documentación, las credenciales de la obra social, las pertenencias, la plata en efectivo que tenía", denunció.

Luego resumió la situación que vivía con una frase que refleja el nivel de dependencia al que había quedado sometido.

 

"Estoy a merced de ellos. Yo no toco un peso argentino ni moneda de ningún lado hace un par de años", aseguró.

 

"Sufrí maltrato psíquico y verbal"

 

Arriola explicó que trabajó durante años como chofer de colectivos y actualmente percibe una jubilación mínima.

 

También contó que tiene familiares tanto en la ciudad de Santa Fe como en Olivos, aunque desde hacía tiempo permanecía bajo la tutela de quienes manejaban la residencia.

 

Consultado sobre si había sufrido malos tratos, respondió sin dudar.

 

"Sí, psíquico y verbal, innumerable", afirmó.

Cuando le preguntaron si quería abandonar el lugar, tampoco vaciló.

 

"Sí, cuanto antes", respondió.

 

Jubilaciones, cobros y una investigación que recién comienza

 

A medida que avanzó la investigación también surgieron datos sobre el funcionamiento económico del establecimiento.

 

Según pudo reconstruirse, varios de los residentes, entre ellos al menos dos exchoferes de colectivos, abonaban alrededor de 300.000 pesos mensuales, monto que provenía de sus jubilaciones o pensiones, a cambio de cuidados, alimentación y alojamiento.

Sin embargo, los testimonios recogidos tras el incendio describieron un escenario completamente distinto, con presuntas situaciones de abandono, falta de comida, retención de documentación y malos tratos.

La investigación judicial deberá establecer ahora quiénes administraban el hogar clandestino, cómo captaban a los residentes, qué ocurrió con el dinero de sus jubilaciones y si existieron otros delitos vinculados con la privación de la libertad, la apropiación de documentación o el abandono de personas.

 

Los propietarios pedirán el desalojo de la vivienda

 

Mientras la Justicia avanza con la investigación, uno de los propietarios del inmueble donde funcionaba el hogar de tránsito clandestino se presentó en el lugar y anunció que solicitarán el desalojo inmediato de la vivienda ubicada sobre calle José Gollán al 10.100, en el barrio Nuevo Horizonte.

Lautaro, uno de los dueños de la propiedad, explicó a AIRE que desconocían el uso que se le estaba dando al inmueble y aseguró que el contrato de alquiler nunca contempló el funcionamiento de un hogar para adultos mayores o personas con discapacidad.

 

"La casa cuando nosotros la entregamos estaba impecable adentro", afirmó. En ese sentido, detalló que la vivienda tenía las paredes recién pintadas, los pisos cerámicos en buen estado y el baño funcionando correctamente.

Según explicó, el acuerdo original establecía que el inmueble sería ocupado por una familia y no por un establecimiento destinado al alojamiento y cuidado de personas.

 

Lautaro contó que se enteró del incendio mientras se encontraba trabajando, luego de recibir un llamado que le advertía que la casa se estaba prendiendo fuego. Desde entonces, aseguró, prácticamente no pudieron comunicarse con la inquilina.

"Nos quisimos comunicar, pero no quiere comunicarse con nosotros", sostuvo. Según relató, la única respuesta que obtuvieron por teléfono fue que "estaba ocupada y que no podía atender".

Tras confirmarse que el lugar no contaba con habilitación municipal para funcionar como hogar de tránsito o geriátrico y luego de conocerse las denuncias de los residentes por presuntos malos tratos, falta de alimentos y retención de documentación y tarjetas de cobro, los propietarios resolvieron avanzar con el desalojo.

 

Consultado sobre los próximos pasos, Lautaro fue contundente: "Vamos a pedir que deshabiten la casa".

Lo que comenzó con un colchón incendiado terminó exponiendo una realidad que permanecía oculta detrás de las paredes de una vivienda común y que ahora es investigada por la Justicia santafesina como un caso grave de presunto abandono y vulneración de derechos de adultos mayores.