El Gobierno nacional consiguió un dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El texto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones sobre defensa, inteligencia, seguridad e inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
La Libertad Avanza logró avanzar con la propuesta después de negociar modificaciones con bloques aliados, que habían planteado objeciones al alcance de las sanciones y a las facultades del nuevo organismo. El oficialismo maneja el jueves 12 de noviembre como fecha tentativa para el tratamiento en el recinto.
Sin embargo, el cronograma parlamentario todavía podría modificarse debido a la agenda reducida prevista para esa semana por la visita del papa León XIV a la Argentina. Además, algunos legisladores anticiparon que reclamarán nuevos cambios antes de acompañar el proyecto en la votación.
Qué establece el proyecto sobre Malvinas y el Atlántico Sur
La iniciativa, impulsada principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, amplía las sanciones para quienes participen en la explotación ilegal de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en áreas alcanzadas por la legislación argentina.
Las disposiciones no se limitan a la actividad hidrocarburífera, sino que incluyen otras actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales. Entre las medidas previstas figuran multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en el país.
Uno de los principales puntos de discusión fue la responsabilidad de las empresas que participen indirectamente en proyectos cuestionados. Los bloques aliados plantearon que la redacción original podía alcanzar a inversores sin intervención directa en las operaciones.
Los cambios para limitar las sanciones a empresas
Durante las negociaciones, el oficialismo aceptó limitar la responsabilidad a los operadores directos, licenciatarios, sus proveedores y accionistas directos de los proyectos involucrados en actividades ilegales.
La nueva redacción excluye a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías alcanzadas.
Según la información difundida durante el debate, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau había transmitido al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las posibles consecuencias de la normativa para empresas de Estados Unidos.
Crearán un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar las políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior.
El organismo estará integrado de manera permanente por el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Durante las negociaciones también se incorporó al Ministerio de Seguridad.
Entre sus atribuciones estará la posibilidad de controlar, aceptar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
A pedido de los bloques aliados, se habilitó la participación de autoridades legislativas y provinciales cuando los asuntos tratados lo requieran. Entre los integrantes no permanentes podrán participar autoridades del Congreso, gobernadores y representantes de áreas de seguridad.
Una comisión bicameral controlará las decisiones
Para incorporar una instancia de supervisión parlamentaria, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso.
La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de establecer mecanismos de control sobre las decisiones de un organismo integrado principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo.
Según el texto acordado, el Gobierno deberá informar a la comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Las penas previstas por injerencia extranjera
El proyecto también modifica las disposiciones relacionadas con la intervención de Estados extranjeros en procesos electorales y decisiones políticas de la Argentina.
La iniciativa contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, desarrollen determinadas acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
Tras las objeciones recibidas, se incorporó una definición más precisa de las campañas de injerencia extranjera. La nueva redacción comprende acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas que busquen afectar elecciones, la formación de la voluntad política o las decisiones de las autoridades.
También establece excepciones para la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.
Persisten diferencias antes del debate en Diputados
A pesar de las modificaciones, algunos legisladores aliados reclamaron mayores precisiones sobre los artículos 127, 128 y 129, especialmente por sus posibles consecuencias para organizaciones no gubernamentales que participan en debates sobre políticas públicas.
Otro aspecto pendiente es la delimitación de las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo. Aunque el proyecto incorpora precisiones sobre sus funciones, todavía no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas estructuras.