El Ministerio de Economía extendió una medida para entidades de salud y organizaciones sin fines de lucro e incorporó a pymes y pequeños contribuyentes.
El Ministerio de Economía dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para determinados contribuyentes. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1899/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La normativa extendió una medida que ya alcanzaba a entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector de la salud. Además, encomendó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas y a determinados pequeños contribuyentes.
La resolución llevó hasta el 30 de junio de 2027 el plazo previsto originalmente en la Resolución 1445/2024, que había sido prorrogado en distintas oportunidades. La última extensión establecía como fecha límite el 31 de diciembre de 2026.
Qué empresas y contribuyentes quedaron contemplados
El artículo tercero encomendó a ARCA disponer la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y medidas cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que contaran con el Certificado MiPyME vigente a la fecha de dictado de la resolución, el 29 de octubre de 2026.
La disposición también contempla a las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, de acuerdo con los términos que determine el organismo recaudador.
De esta manera, el Ministerio de Economía amplió los sectores contemplados en el esquema de suspensión, que hasta entonces estaba dirigido a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector sanitario.
En los considerandos, el Ministerio de Economía destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para la economía nacional, debido a su participación en el empleo y su capacidad exportadora.
La medida no establece una condonación de obligaciones tributarias ni eliminó las deudas existentes. Su alcance se concentra en la suspensión del inicio de determinados procedimientos de cobro judicial y de medidas cautelares.
La Resolución 1899/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, entra en vigencia este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial.
