El Tribunal de Cuentas dictó casi 500 sentencias y dispuso recuperar $780 millones

El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, se refirió a las investigaciones sobre la Municipalidad de Santa Elena, la intervención de la Justicia y el funcionamiento del organismo encargado de controlar la inversión y el gasto público provincial. Durante una entrevista en Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también presentó cifras sobre los juicios de cuentas, las condenas y los fondos cuya recuperación fue dispuesta.

Lara abordó particularmente las actuaciones vinculadas con la gestión del intendente Domingo Daniel Rossi y explicó que el Tribunal de Cuentas había desarrollado investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, algunas de las cuales se remontaban a períodos anteriores.

“Yo quiero hablar desde lo institucional. A mí me toca presidir”, expresó al referirse al caso. En ese sentido, remarcó que su responsabilidad era preservar el funcionamiento y la independencia del organismo, sin trasladar las diferencias al terreno político o personal.

Las investigaciones sobre la Municipalidad de Santa Elena

El funcionario explicó que el Tribunal había realizado actuaciones relacionadas con compras, licitaciones públicas, obras y convenios de naturaleza impositiva celebrados por el municipio. Según detalló, las investigaciones habían concluido con informes sobre presuntos perjuicios patrimoniales que fueron remitidos al ámbito municipal. Sin embargo, señaló que posteriormente se detectó que esas conclusiones no habían tenido el tratamiento correspondiente. “El tribunal después detectó que no se hizo absolutamente nada con esas conclusiones”, manifestó.

Lara también hizo referencia a la documentación vinculada con esas actuaciones. “Esa información y esa documentación no sabemos dónde fue a parar”, afirmó, y explicó que la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

El presidente del organismo valoró la intervención judicial, aunque evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales. “Yo no quiero hacer un juicio de valor porque eso tendrá que expedirse la justicia”, sostuvo.

La respuesta a las declaraciones del intendente

Durante la entrevista, Lara fue consultado sobre las manifestaciones públicas del intendente de Santa Elena y las diferencias surgidas alrededor de las investigaciones.

El funcionario cuestionó las descalificaciones dirigidas al organismo y sostuvo que el debate debía concentrarse en los expedientes y las pruebas documentales. “Lo importante es que hablemos de los elementos que tenemos, de los elementos objetivos de las investigaciones que el tribunal tiene”, expresó.

También aclaró que las actuaciones no dependían exclusivamente de una decisión de la presidencia, sino del trabajo de los fiscales del Tribunal de Cuentas, quienes impulsaban los procedimientos correspondientes.

“El tribunal es un organismo técnico que está basado en analizar el respaldo documental, analizar los presupuestos, analizar la ejecución y la inversión de un Estado municipal”, remarcó.

Casi 500 sentencias y más de $780 millones

En otro tramo de la entrevista, Diego Lara presentó estadísticas sobre la actividad del organismo desde su llegada a la presidencia, el 9 de diciembre de 2020.

Explicó que durante ese año se habían iniciado 69 juicios de cuentas, mientras que en 2025 la cifra había superado los 140 procedimientos. De acuerdo con su exposición, la actividad jurisdiccional prácticamente se duplicó durante ese período. “Se dictaron alrededor de 500 sentencias de juicio de cuenta en todo este periodo mientras me ha tocado presidir el Tribunal de Cuentas”, indicó.

Además, precisó que casi el 70% de esas resoluciones habían sido condenatorias y que se había dispuesto la recuperación de fondos por más de 770 o 780 millones de pesos. Según estimó, esa suma equivaldría a más de 13.000 millones de pesos a valores actuales. Se trató de una actualización mencionada por el funcionario, no de una cifra que necesariamente hubiera ingresado a las arcas públicas.

El alcance del control en Entre Ríos

Lara destacó que el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre una amplia variedad de organismos provinciales y gobiernos locales. Entre las instituciones alcanzadas mencionó los 84 municipios, las 104 comunas, las 69 juntas de gobierno, 22 organismos autárquicos vinculados con cajas jubilatorias municipales, 66 hospitales y más de 100 centros de salud.

También señaló que el organismo controla la administración central, los entes descentralizados, las empresas estatales, otros poderes del Estado y la utilización de subsidios públicos.

En ese contexto, sostuvo que la cantidad de comunicaciones y requerimientos emitidos por el Tribunal había aumentado considerablemente. Mientras que en 2020 se habían registrado cerca de 4.000, actualmente se superaban los 8.000.

La independencia frente al Gobierno provincial

El presidente del Tribunal de Cuentas también fue consultado sobre su relación con el gobernador Rogelio Frigerio, teniendo en cuenta su trayectoria política anterior dentro de otra fuerza partidaria.

Lara recordó que había ocupado cargos como concejal, intendente y legislador, pero explicó que su ingreso al organismo de control implicó asumir una función técnica e institucional. “Yo tengo una muy buena relación con el Poder Ejecutivo, con el gobernador, como lo tengo con los otros poderes del Estado, porque de hecho nos vinculamos permanentemente”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el Tribunal de Cuentas no depende del Poder Ejecutivo, sino que posee autonomía funcional garantizada por la Constitución provincial. “Nosotros como Tribunal de Cuentas, y esto es la naturaleza de los Tribunales de Cuentas, somos un organismo de la Constitución como una suerte de organismo extrapoder, no pertenecemos al Poder Ejecutivo”, explicó.

Un control que también busca prevenir irregularidades

Finalmente, Lara planteó que la función del organismo no debía limitarse a detectar inconsistencias o establecer responsabilidades, sino que también debía contribuir a prevenir perjuicios al patrimonio público.

En ese sentido, destacó las capacitaciones realizadas para funcionarios, auditores, municipios, comunas, clubes, asociaciones de bomberos y bibliotecas, con el objetivo de mejorar los procedimientos administrativos.

“El control no tiene que concebirse como un fin en sí mismo, tiene que ser un medio”, sostuvo.