El oficialismo busca acuerdos con bloques dialoguistas para impedir el rechazo del DNU 70/23. Evalúa modificaciones en la Ley de Tierras y el Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional negocia cambios en la Ley de Tierras y otras iniciativas legislativas con el objetivo de conseguir el respaldo de bloques dialoguistas y evitar que la oposición avance con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. La estrategia se desarrolló en vísperas de la sesión solicitada para el jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados.
El oficialismo analizó la posibilidad de incorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado. La alternativa permitiría atender los reclamos de sectores opositores sin comprometer la continuidad del resto del decreto impulsado por el presidente Javier Milei.
La propuesta fue abordada durante una reunión realizada este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, con la participación de referentes de bloques dialoguistas y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, las conversaciones no concluyeron con una definición sobre el futuro de la normativa.
La estrategia para evitar el rechazo del DNU 70/23
Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), los legisladores dialoguistas insistieron en conocer la postura del Gobierno respecto de la Ley de Tierras, aunque no recibieron respuestas concluyentes.
La posibilidad de recuperar parte de esa legislación mediante modificaciones a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada surgió como una de las alternativas más importantes dentro de las negociaciones.
"Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU", expresó una diputada de La Libertad Avanza, en referencia a los bloques que mantienen conversaciones con el oficialismo.
Mientras tanto, la oposición intentó reunir el quórum necesario para concretar la sesión del 15 de octubre. Aunque las posibilidades de alcanzar el número requerido aparecían reducidas, Unión por la Patria mantuvo su intención de llevar el debate al recinto.
Por qué la oposición busca rechazar el decreto
El DNU 70/23 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, para que el Congreso lo deje sin efecto también resulta necesario que la Cámara de Diputados vote en contra de la medida.
Desde Unión por la Patria explicaron que, durante los años anteriores, no existían garantías suficientes para conseguir el acompañamiento de otros sectores opositores.
"El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás", explicó un diputado nacional del peronismo a NA.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que durante 2024 y 2025 también existieron legisladores de Unión por la Patria que no estaban dispuestos a acompañar el rechazo del decreto.
El oficialismo consideró fundamental preservar la vigencia del DNU 70/23, debido a que contiene numerosas disposiciones vinculadas con la desregulación económica y constituye una de las principales herramientas del programa gubernamental.
Negociaciones por el Presupuesto 2027
Las conversaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas también incluyeron posibles modificaciones al Presupuesto 2027, especialmente en las partidas destinadas a discapacidad, universidades nacionales y obras públicas.
Durante el encuentro se confirmó que el martes 13 de octubre comenzaría el tratamiento del proyecto presupuestario. El objetivo del oficialismo era avanzar con el dictamen antes de la visita prevista del papa León XIV.
Como parte de las negociaciones, el Gobierno prometió habilitar una sesión en Diputados el 21 de octubre, con un temario que podría incluir las leyes vinculadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
La intención fue conseguir acuerdos legislativos que permitieran sostener el funcionamiento parlamentario y reducir las posibilidades de que prosperara la iniciativa opositora contra el decreto.
Cuestionamientos a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Otro de los puntos centrales de las conversaciones fue el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, especialmente su artículo 111, que contempla sanciones penales para determinadas acciones realizadas por cuenta, orden o financiamiento de entidades extranjeras.
La disposición incluye conductas destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva y promover actos de violencia o sabotaje contra las instituciones democráticas.
Desde sectores opositores reclamaron la eliminación de ese artículo al considerar que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
También manifestaron objeciones a la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones.
Además, cuestionaron la falta de precisión en las definiciones de "amenaza externa" y "actividad terrorista", debido a que consideraron que podrían habilitar interpretaciones amplias y afectar el ejercicio de derechos.
En ese contexto, el oficialismo continuó las negociaciones con los bloques dialoguistas para alcanzar acuerdos sobre los proyectos en discusión y evitar un revés legislativo que pusiera en riesgo la vigencia del DNU 70/23.
Temas:
Ley de tierras DNU 70/23 Gobierno nacional Javier MIlei Cámara de Diputados La Libertad Avanza
