Un informe de la Fundación Libertad y Progreso advierte que los recursos reales que Nación transfiere a las jurisdicciones siguen lejos de los niveles de 2023.
Según un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso, los recursos que la Nación distribuye de forma automática a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída del 4,2% en términos reales durante el último año.
Este retroceso refleja el impacto directo del ajuste fiscal nacional y el deterioro en la recaudación de los principales impuestos coparticipables, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
El escenario actual muestra que la desaceleración de la inflación no ha sido suficiente para recomponer los ingresos locales. De acuerdo con el economista Joaquín Aranguiz, la recuperación observada durante parte de 2025 perdió impulso, demostrando que la mejora no fue lineal y que, en 2026, la tendencia volvió a revertirse.
En términos comparativos, los niveles de recursos de junio de 2026 se encuentran apenas un 2,2% por encima del piso registrado en junio de 2024, pero todavía están un 21,7% por debajo del pico alcanzado en junio de 2023.
El dilema de las provincias
Ante este panorama, las administraciones locales se enfrentan a lo que los especialistas denominan un "dilema clásico": para equilibrar sus cuentas, deben decidir entre recortar el gasto público, buscar financiamiento alternativo, ya sea a través de deuda o mayor presión tributaria propia, o, en última instancia, acumular atrasos en sus pagos.
Esta situación pone en duda si el ajuste realizado por los gobernadores es fruto de una convicción política para acompañar al Gobierno Nacional o si, por el contrario, es una respuesta forzada ante la falta de alternativas financieras.
El impacto ya se siente con fuerza en distritos clave. Por caso, desde el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, conducido por Pablo López, se advirtió que la caída de la coparticipación en ese territorio ronda el 5% en términos reales.
La combinación de una menor recaudación nacional y la poda de las transferencias no automáticas está restringiendo severamente la capacidad de los gobiernos para sostener salarios estatales, ejecutar obra pública y ampliar programas sociales, elementos que constituyen el núcleo del gasto en la mayoría de las provincias.
En definitiva, el ajuste post-devaluación ha dejado una base de recursos muy baja de la cual las jurisdicciones aún no logran despegarse. Mientras la actividad económica no logre dinamizar la recaudación nacional, el equilibrio fiscal de las provincias seguirá dependiendo de una poda del gasto que conlleva un elevado costo político y social.
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