REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos continúa generando cuestionamientos entre los sindicatos. Sergio Almeida, representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, advirtió sobre posibles pérdidas en los haberes jubilatorios.
La reforma previsional que analiza la Legislatura de Entre Ríos continúa sumando voces entre los distintos sectores gremiales que fueron convocados a participar del debate. En ese marco, Sergio Almeida, representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, expuso la posición de la entidad que integra una multisectorial junto a otros sindicatos y manifestó su rechazo a varios de los puntos contenidos en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa se encuentra actualmente en tratamiento legislativo y durante los próximos días continuará siendo analizada en las comisiones del Senado provincial. Para ello fueron convocados funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y el ministro de Economía, Fabián Boleas, además de representantes sindicales que tendrán la posibilidad de presentar sus observaciones y propuestas.
Desde el sector gremial sostienen que el debate excede la coyuntura actual y se vincula con una discusión histórica sobre la sustentabilidad de los sistemas previsionales provinciales. Almeida remarcó que Entre Ríos forma parte del grupo de provincias que mantuvieron sus cajas jubilatorias bajo administración propia, una característica que consideran fundamental preservar.
Una propuesta alternativa para garantizar la sustentabilidad
Durante la entrevista, Almeida explicó que los gremios vienen trabajando desde hace meses en una alternativa al proyecto oficial. Según indicó, la multisectorial elaboró una propuesta orientada a fortalecer el financiamiento del sistema sin afectar los derechos de trabajadores activos y jubilados.
“Desde el momento que se nos entregaron los vectores, advertíamos la problemática y, en base a eso, se hizo un trabajo muy bueno por parte de la gente de ATE, donde presentamos un proyecto alternativo para darle sustentabilidad al sistema previsional que tiene que ver con un fondo fiduciario”, señaló.
La propuesta contempla la creación de un fondo fiduciario y la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento que permitan reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones sin recurrir a modificaciones que impacten directamente sobre los haberes previsionales. Para los gremios, la discusión debe centrarse en cómo garantizar la sostenibilidad futura del sistema sin alterar las condiciones actuales de acceso a la jubilación.
Almeida recordó además que el problema previsional no es nuevo y que tiene antecedentes que se remontan a las reformas impulsadas durante la década de 1990. En ese sentido, consideró que el debate actual presenta similitudes con aquellas discusiones en las que se promovía una reducción de las prestaciones.
El temor a una reducción de los haberes jubilatorios
Uno de los principales cuestionamientos expresados por los sindicatos tiene relación con el impacto que podría generar la reforma sobre el monto de las jubilaciones futuras. Según explicó el dirigente gremial, la preocupación radica en que algunos cambios acercarían el sistema provincial al esquema nacional.
“Porque nosotros vemos que esta situación que se está dando hoy, es la misma que lo que se nos venía a plantear en aquella oportunidad donde la baja de lo que cobraría hoy un jubilado se vería afectada muy notoriamente”, afirmó.
En esa línea agregó: “Porque nosotros vemos que, por ejemplo, el régimen nacional hoy la jubilación no es el 82% como lo establece el provincial, sino que es mucho menor. Estamos hablando de casi 62% o 65% para un jubilado”.
Para Almeida, el debate no puede limitarse exclusivamente a cuestiones financieras. El representante gremial sostuvo que también debe contemplarse una dimensión humana, considerando las necesidades que enfrentan quienes ya finalizaron su etapa laboral activa.
“Nosotros la mirada que tenemos también tiene que ver con la parte humana porque si una persona jubilada necesita más del dinero que una persona activa por motivos obvios”, expresó durante la entrevista.
Impuestos a grandes riquezas y viviendas suntuosas
La propuesta alternativa presentada por la multisectorial plantea mecanismos de financiamiento diferentes a los incluidos en la iniciativa oficial. Entre ellos aparece la posibilidad de establecer gravámenes sobre sectores de mayor capacidad contributiva.
“Nosotros decimos que con gravar impuestos a las grandes riquezas, a las viviendas suntuosas y otros puntos que ahí detalla el anteproyecto que nosotros presentamos, se podría generar también un achique en el déficit y hacerla sostenible al régimen”, sostuvo.
El dirigente insistió en que el objetivo debe ser alcanzar un equilibrio financiero sin trasladar el costo del ajuste a los trabajadores y jubilados. Desde esa perspectiva, consideran que existen alternativas que todavía no fueron suficientemente exploradas por el Gobierno provincial.
Asimismo, remarcó que ninguno de los puntos principales impulsados por la multisectorial fue incorporado en el proyecto enviado a la Legislatura, situación que alimenta la preocupación de los distintos sindicatos involucrados en la discusión.
Aunque reconoció que algunos sectores han planteado la posibilidad de debatir modificaciones vinculadas a la edad jubilatoria, Almeida advirtió sobre los riesgos de habilitar determinadas discusiones sin analizar el conjunto de la iniciativa.
El cálculo jubilatorio, uno de los puntos más cuestionados
Entre los aspectos que generan mayor rechazo aparece la modificación del cálculo utilizado para determinar los haberes previsionales. Según explicó Almeida, el proyecto propone ampliar el período considerado para establecer el promedio salarial.
“Lo fundamental es el cálculo de la base, cómo se calcula. Antes era el último año trabajado, es decir, te tomaba te tomaba la la caja ese esa ese promedio. Después se lo llevó a cinco, después se lo llevó a 10, ahora lo quieren en 20”, indicó.
Durante la entrevista también recordó que en las primeras reuniones mantenidas con autoridades de la Caja de Jubilaciones se había mencionado incluso la posibilidad de considerar los últimos 30 años de aportes. “Nosotros cuando tuvimos reuniones con el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, nos habló de 30 años”, señaló.
Cuestionamientos a otros aspectos del proyecto
Además del cálculo jubilatorio, los gremios expresaron reparos respecto de otros puntos incluidos en la iniciativa. Entre ellos aparecen la equiparación de edades jubilatorias y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
“Después lo que vemos también el tema de la equiparación de las edades y de la mujer. Eso no lo veo bien y creo que todos los compañeros de la Multectorial tampoco lo ven bien”, afirmó Almeida.
Respecto de la delegación de facultades, el dirigente advirtió que algunos especialistas en derecho constitucional ya han planteado objeciones que podrían derivar en futuras presentaciones judiciales.
“Quiero creer que el gobierno no va a querer llegar a una situación de de litigiosidad muy grande. Me parece a mí que eso va a ser una mirada que va a tener que hacer el gobierno porque va a haber una catarata de juicio”, sostuvo. Asimismo, indicó que determinados sectores consideran que algunas disposiciones podrían ser incompatibles con el marco constitucional vigente.
“Creo que va a pasar por ahí el planteo de inconstitucionalidad de este nuevo planteo que hace con respecto a la reforma de la Caja del Poder Ejecutivo”, expresó.
Reclamo por un debate más amplio y profundo
Almeida también se refirió al proceso legislativo que atraviesa la iniciativa y manifestó su preocupación por la velocidad con la que se desarrolla la discusión parlamentaria.
Según indicó, representantes sindicales mantuvieron reuniones con legisladores de la oposición para analizar los alcances del proyecto y compartir inquietudes sobre los posibles efectos de la reforma.
Sin embargo, consideró que todavía falta información técnica clave para tomar decisiones de largo plazo sobre el sistema previsional provincial. "Yo creo que esto amerita un trabajo serio, de más tiempo. No veo, por más que ahora han convocado las comisiones a distintos sectores donde van a van a dar su opinión, pero me parece un análisis muy apresurado”, señaló.
El dirigente también sostuvo que deberían difundirse estudios actuariales que permitan comprender con mayor precisión el estado financiero de la Caja de Jubilaciones y evaluar diferentes escenarios de sostenibilidad.
Expectativas y advertencias frente al avance legislativo
A pesar de las diferencias con el proyecto oficial, Almeida aseguró que los gremios continuarán participando de las instancias de debate previstas por la Legislatura.
“Si no tuviésemos expectativa o no tuviésemos la posibilidad de que esto se revierta, no participaríamos directamente”, afirmó.
No obstante, recordó experiencias recientes en las que, según su visión, los planteos sindicales no fueron considerados por el Gobierno, particularmente durante las discusiones vinculadas a la obra social provincial.
Finalmente, sostuvo que el reconocimiento del problema previsional constituye un paso importante, aunque consideró que la solución no debe construirse a costa de los trabajadores.
“Está bien que ellos -el gobierno- dice que necesita urgente bajar el déficit, pero creo que no tiene que pasar a costa de los trabajadores”, expresó.
En el cierre de sus declaraciones, reiteró la necesidad de extender los tiempos de análisis para encontrar consensos y explorar alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar derechos adquiridos. Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, la reforma previsional sigue consolidándose como uno de los debates más relevantes y sensibles de la agenda política entrerriana.
