El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que obliga al Estado a cancelar en un plazo de 72 horas las deudas con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.
Discapacidad. El Gobierno nacional presentó una apelación contra la medida cautelar emitida por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, quien había ordenado regularizar en un máximo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.
La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que la resolución judicial continuará vigente hasta que la Cámara Federal resuelva sobre el planteo realizado por el Estado nacional.
La medida judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a distintas instituciones cordobesas vinculadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y varios centros terapéuticos de la provincia.
El reclamo por las deudas y la continuidad de los tratamientos
En la resolución, el magistrado ordenó al Estado cancelar las deudas en un plazo máximo de 72 horas y estableció que la cautelar tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.
El fallo apunta a garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios por falta de pago.
En los fundamentos de la resolución, Vaca Narvaja sostuvo que el Estado nacional se encuentra “en mora” respecto del cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores.
Además, el juez alertó sobre el “riesgo inminente” que enfrentan las personas con discapacidad ante posibles suspensiones de servicios esenciales vinculados a tratamientos médicos, rehabilitación y asistencia integral.
También cuestionan cambios en los subsidios al transporte
La presentación judicial también hace referencia a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno nacional eliminó los subsidios destinados a empresas de transporte de larga distancia para cubrir pasajes gratuitos dirigidos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer.
Según los demandantes, esta modificación podría afectar el acceso al transporte de sectores vulnerables que requieren trasladarse para recibir atención médica o realizar tratamientos especializados en distintos puntos del país.
El caso continuará ahora en la Cámara Federal, que deberá definir si mantiene o revoca la cautelar mientras avanza el tratamiento judicial de fondo sobre la situación de las prestaciones y servicios vinculados a personas con discapacidad.
