La propuesta propone “la aplicación de alícuotas diferenciales hallando sustento jurídico sobre los principios de progresividad y equidad, gravando en mayor medida a quienes poseen mayor capacidad contributiva". El proyecto fue presentado por la Multisectorial en Defensa de la Caja.
Se conocieron detalles del proyecto legislativo para la creación del denominado Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper), impulsado por Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Se trata de una alternativa a la reforma del sistema previsional que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio y cuyo texto fue presentado el jueves ante la Cámara de Diputados.
“La iniciativa surge como una respuesta estructural, innovadora y profundamente solidaria ante el desafío histórico que representa el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de nuestra provincial”, plantea el texto al que accedió Entre Ríos Ahora. Y apunta: “Este proyecto se fundamenta en la premisa innegociable de que el déficit previsional es una contingencia financiera del Estado y nunca puede ser utilizado como excusa para la regresión de derechos de los beneficiarios. La sustentabilidad del sistema debe buscarse en la eficiencia recaudatoria sobre la renta extraordinaria y no en el sacrificio de quienes ya cumplieron su ciclo laboral”.
La propuesta propone “la aplicación de alícuotas diferenciales hallando sustento jurídico sobre los principios de progresividad y equidad, gravando en mayor medida a quienes poseen mayor capacidad contributiva. Asimismo, el proyecto se alinea con la manda de los artículos 79, 122 inciso y 7 y 23 de la Constitución de Entre Ríos. Vale recordar que este último otorga la propiedad el carácter de función social -lo cual se refirma en el artículo 85 al regular el uso del suelo- y por lo tanto sujeta a las obligaciones que el Estado imponga en aras del bien común. Al dirigir el esfuerzo fiscal hacia los sectores de mayor patrimonio -según se plasma en el proyecto- no solo se cumple con el criterio de proporcionalidad, sino que se garantiza la operatividad del sistema de seguridad social, protegiendo el carácter integral e irrenunciable de los beneficios previsionales”.
Luego, plantea que durante “30 o 40 años, el trabajador entregó una parte de su fuerza de trabajo y de sus ingresos al Estado bajo una promesa contractual: la seguridad de una vejez digna”. En ese orden, sostiene que si el Estado “no gestionó eficientemente esos fondos o si las condiciones demográficas cambiaron, el riesgo debe ser asumido por la estructura estatal y no por el eslabón más débil. Restringir derechos hoy es una ruptura unilateral de un contrato social preexistente”.
El proyecto para la creación del Fisper
