La medida busca cubrir el perjuicio económico determinado en la condena por fraude al Estado. El fallo impacta sobre el patrimonio de la ex presidenta, sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y otros condenados.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.
La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
El fallo se enmarca en una condena ya firme, que incluye la pena de prisión domiciliaria que la ex mandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal se encargará de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está cumpliendo de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes.
