El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la puesta en marcha de sistemas avanzados para detectar y anular las frecuencias de telefonía móvil. La medida busca interrumpir el vínculo operativo entre los internos y las bandas criminales que actúan en el exterior.
El Gobierno nacional facultó a las autoridades correspondientes para iniciar el despliegue de tecnología orientada al control total del espectro radioeléctrico en las cárceles federales. El objetivo central de esta política es neutralizar la capacidad logística de los reclusos que mantienen contacto con estructuras delictivas fuera de los muros.
Según se desprende de la Resolución 336/2026, la implementación de estos dispositivos responde a una necesidad estratégica de seguridad pública. Las autoridades consideran que la comunicación no supervisada dentro de las cárceles federales representa uno de los mayores desafíos para la justicia actual. Con esta herramienta, se pretende erradicar la planificación de extorsiones, secuestros y operaciones de narcotráfico coordinadas desde el interior de los pabellones.
El equipamiento técnico seleccionado no solo permite la anulación de la señal, sino que cuenta con una capacidad de identificación específica. Estos aparatos están diseñados para el reconocimiento de los códigos IMEI e IMSI en las cárceles federales. Mientras que el primero permite identificar el hardware o equipo físico utilizado, el segundo rastrea la identidad del suscriptor asociado a la red global de comunicaciones móviles, facilitando un control exhaustivo de cada intento de conexión.
Tecnología de precisión y marcos regulatorios
La normativa publicada este lunes en el Boletín Oficial subraya que resulta imprescindible adoptar medidas que impidan a los miembros de organizaciones criminales utilizar teléfonos para maniobras ilícitas. En el texto se argumenta que es necesario "reforzar las estrategias institucionales destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar tales conductas intramuros" que ponen en riesgo la tranquilidad de la población general.
Para garantizar la efectividad de la medida sin perjudicar a los ciudadanos que residen en zonas aledañas a los penales, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Esta dependencia, que orbita bajo la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, deberá supervisar que los ajustes técnicos eviten que el bloqueo de señales afecte las áreas exteriores a los establecimientos penitenciarios.
El proceso administrativo para la adquisición, mantenimiento y supervisión de estos sistemas ya está en marcha. Además, el Gobierno aprobó un Manual de Procedimiento específico para la detección y el bloqueo de identidades móviles. Este documento establece los protocolos que deberán seguir los agentes encargados de monitorear la tecnología, asegurando que el despliegue cumpla con los estándares operativos requeridos para este tipo de infraestructuras críticas.
Vigencia y proyecciones del nuevo sistema
La resolución administrativa comenzó a regir a partir de este 20 de abril, marcando un cambio en la política de comunicaciones del Servicio Penitenciario Federal.
El desafío inmediato para las autoridades será la instalación progresiva de los equipos en las unidades de máxima seguridad, donde se concentra la mayor población de internos vinculados a redes de alta peligrosidad, asegurando que el aislamiento comunicacional sea absoluto y constante.
