El Gobierno anunció un proyecto para modificar la ley de salud mental. Por qué afirman que falla la norma vigente y cómo impactaría la iniciativa en los pacientes si el Congreso la aprueba. Cambios, críticas y debate por la reforma.
La nueva ley de salud mental impulsada por el Gobierno reabrió el debate sobre el sistema sanitario en Argentina, en un contexto marcado por reclamos históricos de familias y organizaciones que exigen mejoras concretas en la atención. La iniciativa busca reformar la Ley N° 26.657, sancionada en 2010, que en su momento fue considerada de avanzada, pero cuya aplicación presenta falencias estructurales.
A 15 años de su aprobación, la normativa enfrenta cuestionamientos por su implementación desigual, la falta de presupuesto y el crecimiento de problemáticas vinculadas a la salud mental. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el proyecto apunta a actualizar criterios y facilitar intervenciones en situaciones críticas.
Sin embargo, especialistas del sector coincidieron en que el problema no radica en la ley en sí, sino en su incumplimiento. “No es que la ley no sirva, el problema es que no se aplica como corresponde”, sintetizaron, en referencia a las dificultades estructurales del sistema.
Cambios en internaciones y nuevos criterios de intervención
Uno de los ejes centrales de la reforma está vinculado a los criterios de internación involuntaria. El proyecto propone modificar el concepto de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, vigente en la ley actual, para incorporar una evaluación más amplia del contexto del paciente.
Según explicaron desde el Ministerio de Salud, la normativa vigente limita la posibilidad de actuar de forma preventiva, ya que solo contempla el estado del paciente al momento de la evaluación. En ese sentido, la iniciativa propone considerar antecedentes recientes y la evolución probable del cuadro clínico.
Además, se plantea que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata en situaciones de urgencia, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se propone ampliar el plazo de notificación a la Justicia de 10 a 24 horas.
Desigualdades en el sistema y fortalecimiento de la red
Otro de los puntos señalados por el Ejecutivo es la desigual implementación de la ley en el territorio nacional. De las 23 provincias, solo 16 adhirieron formalmente, mientras que menos de la totalidad cuenta con servicios de salud mental en hospitales generales o camas de internación disponibles.
Esta situación, según argumentaron, genera desigualdades en el acceso a la atención, especialmente en regiones con menos recursos. Frente a ese escenario, el proyecto busca fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad.
El esquema incluiría hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas, con el objetivo de garantizar cobertura integral en todo el país.
Cambios conceptuales y sistemas de información
La propuesta también contempla modificaciones en la terminología utilizada. El Gobierno plantea reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por el de “trastornos mentales”, alineado con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
Asimismo, se busca fortalecer los sistemas de información, especialmente el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), para mejorar la planificación y conocer la capacidad instalada.
Otro de los cambios propuestos es ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, encargado de supervisar las internaciones y garantizar el cumplimiento de derechos.
Debilidades de la ley vigente
Pese a su enfoque basado en derechos humanos y atención comunitaria, la ley actual enfrenta críticas por la falta de dispositivos necesarios para su implementación efectiva. La ausencia de centros de atención primaria, casas de medio camino y servicios domiciliarios limita las alternativas a la internación, publicó TN.
El artículo 20, que regula las internaciones involuntarias, es uno de los puntos más cuestionados. La exigencia de un “riesgo cierto e inminente” obliga a que el paciente atraviese una situación crítica para que el sistema pueda intervenir legalmente.
Además, la desfinanciación del área es señalada como uno de los principales problemas. Aunque la ley establece que el presupuesto en salud mental debe alcanzar el 10% del total de Salud, en la práctica nunca superó el 2,7%.
Críticas de especialistas al proyecto oficial
Referentes del sector advirtieron que la reforma podría implicar retrocesos en el enfoque actual. Luciano Grasso, exdirector nacional de Salud Mental, sostuvo que la norma vigente “tiene todo por implementar” y cuestionó la falta de inversión sostenida.
En la misma línea, Alberto Trímboli, de la Asociación Argentina de Salud Mental, expresó dudas sobre la necesidad de modificar aspectos ya contemplados en la ley. Señaló que la internación involuntaria ya está permitida bajo procedimientos claros.
Los especialistas también alertaron sobre el posible regreso a un modelo centrado en instituciones monovalentes, lo que implicaría un cambio respecto al enfoque comunitario promovido por la normativa vigente.
Debate abierto y expectativas en el Congreso
Otro de los puntos críticos es la posible eliminación de la obligación de destinar el 10% del presupuesto de Salud a salud mental. Desde organizaciones civiles advirtieron que esta medida podría profundizar las deficiencias del sistema.
También se cuestionó la falta de dispositivos para la etapa posterior a una internación, lo que dificulta la continuidad de los tratamientos y la reinserción social de los pacientes.
Mientras se aguarda el ingreso formal del proyecto al Congreso, el debate se intensificó entre el Gobierno, especialistas y organizaciones. El foco está puesto no solo en los cambios normativos, sino en el impacto real sobre pacientes y familias, en un sistema que aún presenta serias limitaciones para responder a una demanda creciente.
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