Más de 5.500 afiliados al PAMI quedaron sin atención en la localidad de Marcos Juárez, Córdoba, y deben trasladarse para consultas, estudios e internaciones.
Más de 5.500 jubilados quedaron sin cobertura médica en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, luego del cierre del Sanatorio Sudeste, lo que los obligó a trasladarse más de 120 kilómetros para acceder a atención médica.
El establecimiento funcionó durante cuatro décadas como principal prestador para afiliados de PAMI. Desde su cierre, las consultas, cirugías e internaciones fueron derivadas a Villa María, generando complicaciones para los pacientes, en su mayoría adultos mayores.
La situación impactó especialmente en personas con enfermedades crónicas o que requieren atención especializada, quienes ahora deben afrontar viajes prolongados y mayores costos para recibir tratamiento.
Historias que reflejan el impacto
El caso de María y su esposo evidenció la problemática. Tras sufrir un infarto, el hombre debió ser trasladado de urgencia a Villa María, donde permaneció internado varios días. Durante ese tiempo, su familia afrontó gastos elevados en alimentos, medicamentos y estadía.
Además de la distancia, los jubilados señalaron la falta de especialistas en su ciudad y la dificultad para acceder a turnos en el hospital público, que no logra absorber la demanda generada por el cierre del sanatorio.
En paralelo, se realizaron protestas y gestiones ante autoridades locales y provinciales, sin respuestas concretas que resuelvan la falta de prestaciones médicas.
Un sistema en tensión
El conflicto se enmarcó en una crisis más amplia del sistema de salud vinculado al PAMI, que incluyó demoras en pagos a farmacias, reclamos de clínicas por aranceles bajos y medidas de fuerza de médicos de cabecera.
Según explicaron desde el propio sanatorio, el cierre respondió a múltiples factores, entre ellos la falta de actualización en los ingresos por prestaciones y el aumento de costos operativos, lo que hizo inviable su continuidad.
Como consecuencia, la ciudad perdió cerca del 30% de su capacidad de internación, generando una sobrecarga en el sistema público y dejando a los jubilados con menos opciones de atención.
