REDACCIÓN ELONCE
Los salarios de la gestión libertaria, que estuvieron congelados por dos años; entre enero y mayo habrán aumentado un 123%; el Presidente y la Vicepresidenta siguen sin recibir las subas. Cuánto cobran los funcionarios de Milei.
El aumento salarial del Gabinete nacional marcó un giro en la política de austeridad que el Gobierno había sostenido desde el inicio de la gestión, al otorgar incrementos superiores al 100% a ministros, secretarios y subsecretarios luego de dos años de congelamiento. La decisión se formalizó a través de un decreto firmado el 2 de enero de 2026, en un contexto de presión interna por la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de funcionarios hacia el sector privado.
La medida no alcanzó al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantuvieron sus salarios sin modificaciones. El mandatario continuó percibiendo $4.066.018, mientras que la titular del Senado se mantuvo en $3.764.821, pese a haber expresado anteriormente su disconformidad con el nivel de ingresos.
El resto de la estructura del Poder Ejecutivo sí fue alcanzado por la recomposición salarial, que quedó además atada a los incrementos de la administración pública nacional. La normativa, identificada como DNU 931/2025, fue firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.
Cómo evolucionaron los salarios del Gabinete
El impacto de la medida se reflejó con claridad en los ingresos de los ministros, que hasta diciembre percibían $3.584.006 en bruto. Con el nuevo esquema, el salario saltó a $7.129.501 en enero y continuó en ascenso durante los meses siguientes, alcanzando los $8.020.866 previstos para mayo.
En la misma línea, el jefe de Gabinete percibió un ingreso equivalente al de un ministro, según fuentes oficiales. Este dato cobró relevancia en medio de investigaciones judiciales vinculadas a su evolución patrimonial, que colocaron su situación bajo análisis público y mediático.
Por su parte, los secretarios pasaron de cobrar $3.282.709 a más de $6,5 millones en enero, con proyecciones superiores a $7,3 millones para mayo. En tanto, los subsecretarios, que percibían $2.981.513, superaron los $6,6 millones en el mismo período, dio a conocer La Nación.
Incrementos por debajo de la inflación
De acuerdo con los cálculos oficiales, los aumentos acumulados oscilaron entre el 102% y el 123% según el período analizado, tomando como referencia la comparación entre diciembre y mayo. Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que estas subas se mantuvieron por debajo de la inflación acumulada, que estimaron en torno al 194%.
El argumento central de la Casa Rosada se apoyó en el atraso salarial generado durante los dos años previos, en los que no se registraron actualizaciones en los haberes de los funcionarios. Según el desglose oficial, la inflación fue del 117,8% en 2024 y del 31,5% en 2025, con un adicional del 5,9% en los primeros meses de 2026.
En ese contexto, la recomposición fue presentada como una medida necesaria para evitar la pérdida de competitividad del Estado frente al sector privado, especialmente en cargos de alta responsabilidad.
Comparación con otros salarios del sector público
El incremento salarial del Gabinete nacional contrastó con los ingresos de otros sectores. Según datos del gremio ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales se ubicó en $1.200.000, con un piso cercano a los $600.000 en algunos casos.
En el ámbito legislativo, los senadores percibieron hasta marzo unos $11,6 millones brutos, mientras que los diputados rondaron los $7 millones. Por su parte, un juez de la Corte Suprema tuvo un salario básico cercano a los $9,9 millones.
A su vez, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026, lo que evidenció una marcada brecha entre los ingresos del sector político y los trabajadores formales.
Un giro político tras las elecciones
El aumento salarial se produjo en un escenario político favorable para el oficialismo, tras el triunfo en las elecciones legislativas de 2025. En ese contexto, el Gobierno avanzó con la medida en medio de una menor actividad administrativa por la temporada estival, publicó La Nación.
Hasta ese momento, la gestión había sostenido el congelamiento como una señal de austeridad, en línea con el discurso contra “la casta” que caracterizó la campaña de Milei. Sin embargo, las quejas internas por la pérdida de personal calificado llevaron a revisar la estrategia.
En el decreto, el Ejecutivo sostuvo que era necesario contar con un esquema salarial “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, y destacó la importancia de fortalecer la integridad institucional mediante remuneraciones acordes.
Tensiones y cuestionamientos en la gestión
El contexto político posterior al aumento salarial se tornó más complejo con el avance de diversas investigaciones judiciales que involucraron a figuras del oficialismo. Entre ellas, se destacó la causa conocida como $LIBRA, que expuso presuntos vínculos entre funcionarios y empresarios investigados.
A esto se sumaron las pesquisas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y los cuestionamientos por créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. Estos episodios impactaron en la imagen pública de la administración y generaron nuevas críticas, publicó La Nación.
Pese a ello, desde el Gobierno insistieron en que las medidas adoptadas no comprometían el equilibrio fiscal y respondían a un proceso de ordenamiento de la estructura salarial del Estado.
