REDACCIÓN ELONCE
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina realizará audiencias públicas el 25 y el 26 de marzo para debatir la Ley de Glaciares, con participación federal y modalidad mixta.
El debate sobre la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina avanza hacia una instancia clave con la convocatoria a dos audiencias públicas previstas para finales de marzo. La discusión se desarrolla en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, donde legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de garantizar un mecanismo que asegure la participación federal.
El primer encuentro fue fijado para el 25 de marzo, en el horario de 10 a 19, y no se descarta extender el proceso al día siguiente mediante modalidad virtual. La decisión apunta a ampliar el alcance del debate y facilitar la intervención de actores vinculados a la gestión de cuencas hídricas y territorios alcanzados por la normativa.
Según se informó, la instancia pública busca reforzar el cumplimiento de la Ley General del Ambiente, el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina y el Acuerdo de Escazú, marcos legales que consagran el derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana en decisiones de impacto ambiental.
Participación amplia y modalidad mixta
El mecanismo aprobado por las comisiones está diseñado para favorecer la “amplia participación”. Se permitirán presentaciones por escrito y cada expositor contará con cinco minutos para intervenir, plazo que podría reducirse en caso de que la cantidad de inscriptos supere las previsiones iniciales.
Para anotarse, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la Comisión de Recursos Naturales, canal habilitado oficialmente para registrar las intervenciones. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta 24 horas antes de la audiencia inclusive.
Además, el reglamento establece que el encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, una condición que eleva el estándar de legitimidad institucional y asegura representación política en el desarrollo del debate.
