REDACCIÓN ELONCE
La Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado y generó fuertes cuestionamientos de especialistas. En diálogo con Elonce, la bióloga Agostina Rossi Serra sostuvo que la reforma “rompe el espíritu del presupuesto mínimo” y advirtió sobre impactos hídricos y ambientales.
La Ley de Glaciares volvió al centro del debate nacional tras obtener media sanción en el Senado, en medio de advertencias de especialistas que sostuvieron que la reforma debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La iniciativa, que ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados, generó preocupación en el ámbito científico y ambiental por los cambios propuestos en el régimen de presupuestos mínimos.
La norma vigente fue sancionada en 2010, luego de un amplio debate social y político, y estableció estándares de protección uniforme para todos los glaciares y el ambiente periglacial del país. Según explicó a Elonce, la bióloga y especialista en biodiversidad, Agostina Rossi Serra, se trató de una ley que “surge de la lucha de la gente en las calles y el pedido de proteger nada más y nada menos que el agua dulce”.
En diálogo con Elonce, Rossi Serra recordó que la legislación actual se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija los presupuestos mínimos ambientales. “Los presupuestos mínimos significan que la Nación debe sentar una línea de base de protección uniforme para todo el territorio nacional”, señaló, al tiempo que aclaró que las provincias pueden ampliar esa protección, pero “nunca pueden ir para abajo de eso”.
Cambios en los presupuestos mínimos
La especialista sostuvo que la reforma aprobada en el Senado altera ese principio central. “A partir de ahora esos presupuestos mínimos van a dejar de existir porque lo siguen nombrando, pero van a dejar de existir. Se rompe el espíritu del presupuesto mínimo”, afirmó.
Uno de los puntos más cuestionados es el criterio que habilitaría a las provincias a definir qué glaciares y qué áreas periglaciares merecen protección, en función de si tienen una “función hídrica demostrable y relevante”. Para Rossi Serra, esa redacción implica un retroceso conceptual y técnico.
“Eso técnicamente es una falacia y está mal porque todos los glaciares y todo el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce por estar conformados por ella. Entonces está mal decir si tienen o no una función hídrica, porque todos la tienen”, remarcó a Elonce.
Además, citó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado del inventario nacional de glaciares, como respaldo científico de esa afirmación.
Impacto más allá de la cordillera
Rossi Serra advirtió que, si bien los glaciares se encuentran en 12 provincias cordilleranas, su influencia hídrica se extiende mucho más allá de esas jurisdicciones. “Esos glaciares y ese ambiente periglacial con su deshielo alimentan cuencas que atraviesan dos tercios de nuestro país”, explicó a Elonce.
En ese sentido, señaló que la modificación podría derivar en que provincias cordilleranas tomen decisiones que impacten en el abastecimiento de agua de otras regiones. “Vamos a tener a las provincias cordilleranas decidiendo qué pasa con el agua de otras provincias”, sostuvo.
Como antecedente, mencionó el conflicto histórico por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Recordó que en ese litigio se reconoció que el retroceso de los glaciares, en el contexto de crisis climática, afecta la disponibilidad de agua. “Ya Mendoza en ese fallo demostró y reconoció que el contexto de crisis climática no está favoreciendo la obtención de agua”, indicó.
Minería y territorio en disputa
Consultada sobre el trasfondo político y económico de la reforma, Rossi Serra fue contundente. “El trasfondo es que lamentablemente donde hay glaciares y donde hay ambiente periglacial debajo hay yacimientos de minerales. Entonces necesitan que los glaciares y el ambiente periglacial no estén protegidos para poder destruirlos y poder acceder a esos yacimientos”, afirmó.
La especialista subrayó que la ley actual no es una norma “antiminera”, como en ocasiones se plantea en el debate público. “No es que la ley de glaciares actual sea una ley antiminera, no es una ley que impide el desarrollo minero, es una ley que lo único que hace es impedir actividades que modifiquen o destruyan glaciares y ambiente periglacial, porque glaciar que se destruye es agua que no se recupera y que se pierde para siempre”, explicó a Elonce.
En esa línea, recordó que los glaciares y el ambiente periglacial representan apenas el 1% del territorio cordillerano y menos del 0,4% del territorio nacional, por lo que consideró que el argumento de que la ley bloquea el desarrollo productivo no se sostiene en términos territoriales.
Denuncias sobre controles y proyectos
Rossi Serra también se refirió a sobrevuelos realizados por organizaciones ambientales en la provincia de San Juan. “Vimos desde arriba que los proyectos mineros ya están avanzando sobre glaciares y sobre ambiente periglacial. Ya tenemos glaciares de escombros que, si uno ve las imágenes, tienen todos caminos arriba del glaciar”, relató.
A su entender, la reforma no solo permitiría avanzar sobre nuevas áreas, sino también “legitimizar lo que están haciendo ilegalmente durante estos 15 años”. En ese punto, cuestionó la eficacia de los controles provinciales. “No sé si lo hacen o no, pero efectivo no está siendo”, afirmó respecto a las evaluaciones de impacto ambiental y fiscalizaciones.
La advertencia se extendió a las consecuencias ambientales indirectas. “El ambiente periglacial actúa como un cemento en la montaña. Cuando yo elimino el ambiente periglacial, empieza a haber derrumbes. Esos derrumbes van a hacer que haya más riesgo de que caigan sedimentos en los ríos y les cambie su composición”, explicó a Elonce.
Agua, sequía y crisis climática
La especialista enfatizó que el debate no puede desvincularse del escenario global de crisis hídrica. “Hace pocas semanas salió un informe internacional que dice que el mundo está en una bancarrota hídrica, o sea, nos estamos quedando sin agua”, alertó.
En regiones áridas de la cordillera, indicó, el aporte del ambiente periglacial puede ser decisivo en contextos de sequía extrema. “Hay estudios realizados en Mendoza y San Juan que dicen que el ambiente periglacial ha aportado en épocas de sequía extrema hasta el 30% del caudal de los ríos”, detalló a Elonce.
Por eso, consideró que relativizar la importancia de ciertos glaciares o microcuencas constituye un error. “En esos territorios cada gota de agua cuenta. Todo es importante”, afirmó, y agregó: “Vos no podés ir en contra de las reservas donde hay agua. Glaciar que se pierde es agua que no se recupera”.
El debate en Diputados y el rol legislativo
De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Rossi Serra reclamó mayor asesoramiento técnico en el Congreso. “Uno no pretende que sean expertos en todo, pero sí rodeate de gente que te puede asesorar”, expresó, en referencia a declaraciones que minimizaron la relevancia de los glaciares.
“Las cosas que ayer dijeron muchos de los senadores no tienen ni pies ni cabeza”, sostuvo a Elonce, y relató que mantuvo intercambios con legisladores cuyas afirmaciones, según dijo, “no tenían sentido”.
La discusión por la Ley de Glaciares se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre desarrollo productivo y protección ambiental. Mientras sectores vinculados a la minería promueven cambios para ampliar márgenes de explotación, organizaciones ambientales y científicos advierten sobre el riesgo de debilitar una norma considerada estratégica para la seguridad hídrica del país.
Con la media sanción ya otorgada, el foco ahora se trasladó a Diputados, donde se definirá si la reforma avanza o si se mantiene el esquema vigente desde 2010. En ese escenario, el debate sobre la protección de los glaciares y el acceso al agua vuelve a instalarse como un eje central de la agenda ambiental argentina.
