El gerente de la empresa Bramed SRL, Pablo Rodolfo Bayo, y su empleada María Victoria Migliavacca evitaron el juicio penal tras acordar una reparación económica millonaria con una mujer que fue dejada sin cobertura médica mientras atravesaba un cáncer.
El gerente de la prepaga Bramed SRL, Pablo Rodolfo Bayo, acusado de cambiar sin consentimiento la obra social de una afiliada que padecía linfoma de Hodgkin, acordó pagarle $43.285.714 a modo de reparación integral. El hecho, ocurrido en Córdoba, derivó en graves consecuencias para la salud de la paciente, que quedó sin cobertura médica durante su tratamiento oncológico.
El acuerdo, avalado por el Tribunal Oral Federal N°1 y el juez Julián Falcucci, también benefició a la empleada de Bayo, María Victoria Migliavacca, quien participó de la maniobra. Ambos evitarán el juicio penal gracias a la suspensión del proceso a prueba (probation), una medida que será efectiva una vez completado el pago total del resarcimiento.
La denuncia por abandono en plena enfermedad
La investigación se originó en la denuncia de un matrimonio contra Bayo y Migliavacca. El fiscal federal Enrique Senestrari los acusó de haber realizado un cambio irregular de obra social, que dejó a la mujer sin cobertura médica en el momento más crítico de su enfermedad.
Según la causa, el gerente de Bramed obtuvo la clave fiscal del esposo de la paciente bajo engaño y, con ella, gestionó el traspaso de los afiliados desde la obra social de los Capataces y Estibadores Portuarios hacia la de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (Osmiss), sin consentimiento alguno.
La maniobra ocurrió el 4 de enero de 2021, apenas seis días después del diagnóstico de la mujer, y entró en vigencia el 1° de abril. Cuando el matrimonio intentó acceder a tratamientos y medicamentos, la empresa les informó que ya no contaban con cobertura en Bramed.
El llamado que desencadenó el fraude
Mientras la paciente estaba internada, recibió una llamada desde Bramed en la que le solicitaron la clave fiscal de su esposo “para rectificar datos y agilizar la entrega de la medicación”. Incapacitada para hablar tras una cirugía cardíaca, derivó el pedido a su marido.
El hombre, buscando verificar la autenticidad del requerimiento, envió un correo a Migliavacca, quien confirmó que el número telefónico correspondía al área de afiliaciones de Bramed. Convencido, entregó la clave. Con esos datos, Bayo habría ingresado al sistema de la Superintendencia de Servicios de Salud y concretado el traspaso de obra social.
Consecuencias y agravamiento del cuadro
Desde entonces, la paciente enfrentó una serie de obstáculos administrativos que impidieron la continuidad de su tratamiento. Según la denuncia, la falta de cobertura derivó en nuevas cirugías de urgencia y un deterioro físico y psíquico severo.
Para el fiscal Senestrari, Bayo y su empleada actuaron en “connivencia” y “colocaron a la mujer en una situación de abandono en plena emergencia médica”, agravando su estado de salud de manera irreversible.
La probation y la capacitación obligatoria
El abogado defensor de Bayo, José D’Antona, propuso el pago de la indemnización en ocho cuotas: una inicial de $6.285.714 y siete restantes de $5.285.714. La querella aceptó la oferta y el fiscal general Carlos Gonella la consideró razonable, además de solicitar que Bramed implemente un curso de formación en género y convivencia responsable para todo su personal.
El programa, titulado “Reeducación y formación en género, cuidado y convivencia responsable”, será dictado por una especialista y tendrá certificación oficial.
El cierre del caso
El juez Falcucci valoró la reparación económica y la ausencia de antecedentes penales de los imputados, y resolvió conceder la suspensión del juicio. Una vez completado el pago total del acuerdo, Bayo y Migliavacca serán sobreseídos. (La Voz)
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