El juez José Alejandro Calleja ordenó el arresto preventivo de los tres detenidos implicados en la realización de préstamos ilegales en la ciudad de Las Siete Colinas.
El juez de Garantías de la ciudad de Victoria, José Alejandro Calleja, dictó el arresto preventivo por 30 días para tres personas acusadas de realizar préstamos de manera ilegal en la localidad de Las Siete Colinas. Los tres detenidos enfrentan cargos de usura agravada por habitualidad y amenazas coactivas, tras una serie de allanamientos y la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía. El juez avaló los pedidos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideró que uno de los implicados intentó obstaculizar la investigación.
Los tres imputados, quienes se abstuvieron de declarar durante la audiencia, fueron procesados por su presunta participación en un esquema de préstamos ilegales que habría operado en la ciudad durante varios meses. La Fiscalía, liderada por los fiscales Eduardo Guaita e Iván Yedro, solicitó la prisión preventiva para el principal acusado, el colombiano Yilber Cabezas Velásquez, de 28 años, quien fue trasladado a la cárcel local debido al peligro de fuga y la posible alteración de pruebas.
Detalles de la investigación y las medidas de coerción
La solicitud de prisión preventiva para Cabezas Velásquez se fundamentó en el peligro de fuga y en la sospecha de que intentó borrar pruebas relacionadas con el caso. Los fiscales adujeron que el detenido había intentado entorpecer la causa, lo que llevó al juez Calleja a ordenar su traslado a prisión preventiva en la cárcel de Victoria. En cambio, para los otros dos detenidos, Lautaro Spadillero, de 27 años, y Matías Barreto, de 33, se dispuso prisión domiciliaria.
El caso de usura y amenazas comenzó a tomar relevancia a raíz de una denuncia que alertó sobre las condiciones abusivas a las que eran sometidos los denunciantes, quienes aseguraron estar siendo perseguidos y amenazados por los acusados debido a la falta de pago de cuotas en el marco de los préstamos otorgados. Estos préstamos ilegales, que se otorgaban bajo condiciones abusivas, habrían estado acompañados de amenazas de violencia para forzar a las víctimas a cumplir con los pagos.
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