Nilda Viola sufrió lesiones irreversibles durante una manifestación en Colón. Según denunció su abogado, un funcionario policial le disparó cuando la protesta ya había sido disuelta. “Casi le costó la vida”, contó a Elonce el querellante Martín Jáuregui.
La incapacidad física permanente de Nilda Viola, una mujer de Colón, es consecuencia de las lesiones sufridas durante una pueblada, cuando —según la acusación— un funcionario policial actuó con exceso en el uso de la fuerza. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) se encuentra en su etapa final y podría derivar en un juicio con expectativas de penas severas para el agente implicado.
Además del proceso penal, se prepara una demanda millonaria contra el Estado provincial por los daños ocasionados a la víctima, tanto en su salud como en su vida laboral y personal.
“Las balas de goma casi le costaron la vida”
El abogado querellante Martín Jáuregui, en diálogo con Elonce, relató la gravedad del cuadro que atraviesa su representada y cuestionó el accionar policial durante la manifestación.
“Se da una irregularidad del procedimiento, porque la manifestación ya estaba disgregada y estas personas estaban desarmadas. Fue ahí cuando se produjo la situación que derivó en heridas irreversibles”, explicó.
El letrado detalló que las balas de goma impactaron en una zona blanda, cerca de arterias, provocándole a la mujer una hemorragia severa que casi le cuesta la vida. “Quedó con una renguera permanente e inhabilitada para usar esa pierna”, agregó Jáuregui.
Secuelas físicas y pérdida laboral
Según el abogado, las consecuencias de aquel hecho fueron devastadoras. “Hoy Nilda está en silla de ruedas o necesita de la ayuda de su hijo para trasladarse. No pudo volver a trabajar; estaba en situación informal y no la volvieron a llamar”, explicó.
El representante legal remarcó que la mujer sufre una incapacidad física permanente y que esto no solo afectó su movilidad, sino también su independencia económica. “Además de las lesiones, hay una afectación en el ámbito laboral y psicológico”, puntualizó.
Investigación en etapa avanzada
En relación al proceso judicial, Jáuregui confirmó que la causa está avanzada y que “están acreditadas la materialidad del hecho y la autoría”. Indicó que el funcionario policial implicado “ya cuenta con denuncias anteriores” por actuaciones irregulares.
“Se va contra un policía que se excede en sus funciones y que intenta burlar incluso los controles internos de la fuerza”, sostuvo. El letrado lamentó que, hasta el momento, no exista constancia de un sumario administrativo dentro de la Policía provincial.
Jáuregui adelantó que se promoverá una demanda civil contra la Provincia de Entre Ríos, en su carácter de responsable por la conducta de sus funcionarios.
“Cuando se logre establecer la autoridad y la relación causal entre quien, en ejercicio de la función, cometió un hecho ilícito, la acción será contra la Provincia, porque tiene a su cargo el manejo de la policía”, explicó el abogado querellante.
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