La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, de un exfuncionario de Vialidad de Entre Ríos, Jorge Rodríguez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, de un exfuncionario de Vialidad de Entre Ríos, Jorge Rodríguez, hallado culpable del delito de peculado por el uso irregular de fondos públicos.
Los jueces consideraron inadmisible el recurso presentado por la defensa del exdirector de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Así, la decisión del máximo tribunal se concretó tras rechazar el recurso de la defensa, al considerar que no se ajustaba a los requisitos formales exigidos por la acordada 4/2007.
De esta forma, se agotaron todas las instancias judiciales y quedó firme la sentencia que pesa sobre Rodríguez, cuya conducta fue considerada como una desviación de fondos públicos en beneficio de una organización privada y una actividad extrajurisdiccional.
Desvío de fondos y escuela privada: los hechos investigados
Rodríguez fue investigado por desviar recursos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para sostener una escuela privada y financiar una campaña solidaria en la provincia del Chaco. Según el expediente judicial, los fondos fueron destinados a la Asociación Civil Los Viales, institución encabezada por el propio Rodríguez junto a Néstor Kemerer, otro de los condenados en la causa.
La investigación comenzó en 2015 tras una denuncia de exdiputados provinciales motivada por un artículo periodístico. A partir de esa publicación, el Ministerio Público Fiscal impulsó una causa que involucró además al exfuncionario Mario Heyde, quien resultó finalmente absuelto.
En la etapa de juicio se comprobó que once personas habían sido contratadas como docentes y personal administrativo de la escuela privada gestionada por Los Viales, pero sus sueldos eran abonados por la DPV, lo cual constituía una clara violación del uso de los fondos estatales.
Fallo ratificado en todas las instancias judiciales
También se cuestionó “la cesión gratuita por 20 años de galpones del organismo vial para el funcionamiento de la institución educativa”, lo que, según los jueces, evidenció una connivencia para beneficiar con recursos públicos a una entidad privada sin justificación legal.
El fallo de primera instancia fue dictado en 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná y ratificado posteriormente por la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia provincial. La Corte Suprema, con su reciente resolución, puso punto final a un largo proceso judicial que se extendió por casi una década.
Además de la pena en suspenso y la inhabilitación perpetua, el fallo establece que “la pena incluye además la realización de trabajos comunitarios durante ocho horas mensuales”, como parte de la condena impuesta a Jorge Rodríguez.
