REDACCIÓN ELONCE
El Registro Nacional de Femicidios indicó que durante 2025 se investigaron 204 causas judiciales por posibles femicidios. Aunque los casos registraron una baja respecto del año anterior, los datos continúan mostrando el impacto de la violencia de género en el país.
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina informó que durante 2025 se identificaron y analizaron 204 causas judiciales en las que se investigan posibles femicidios. El relevamiento contabilizó 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas, alcanzando un total de 219 personas afectadas por la violencia de género extrema.
Según el informe elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año pasado se registró una víctima directa cada 44 horas. La tasa nacional fue de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres. Entre los datos destacados, Corrientes, La Pampa y San Juan fueron las únicas provincias que no registraron casos durante el período analizado.
El estudio es elaborado desde hace más de una década por la Oficina de la Mujer y reúne información aportada por todas las jurisdicciones del país sobre causas judiciales, víctimas y sujetos activos involucrados en hechos de violencia letal por razones de género.
Una “tendencia a la baja”, pero con cifras que siguen siendo alarmantes
El informe muestra una reducción de 28 víctimas directas respecto de 2024, lo que representa una caída interanual del 12,3%. Además, desde 2017 hasta 2025 la cantidad de femicidios registrados descendió un 20,6%, pasando de 252 víctimas directas a 200.
Los datos reflejan una evolución que tuvo su punto más alto en 2019, cuando se registraron 260 víctimas directas. A partir de entonces comenzó un descenso gradual que se profundizó entre 2021 y 2022. Si bien en 2023 hubo un repunte, la tendencia volvió a mostrar una disminución durante los últimos años.
Respecto al perfil de las víctimas, el 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans y travestis. La edad promedio fue de 40,8 años, aunque los casos abarcaron desde una niña de un año hasta una mujer de 104 años. El grupo más afectado fue el de mujeres de entre 25 y 34 años, que representó el 24% del total.
Vínculos previos y antecedentes de violencia
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que en al menos el 83% de los casos existía una relación previa entre la víctima y el agresor. El 59% correspondía a parejas, exparejas o vínculos sexo-afectivos, mientras que el 11% eran familiares y el 13% mantenían otro tipo de relación.
Además, en al menos 101 vínculos se detectaron antecedentes de violencia de género previos al femicidio. De esos casos, 36 habían sido denunciados formalmente ante la Justicia, mientras que en otros 65 existían registros o evidencias incorporadas a las investigaciones judiciales.
El informe también revela que el 15,5% de las víctimas había estado desaparecida antes de ser encontrada y que al menos 130 hijos e hijas quedaron afectados por estos crímenes. De ellos, al menos 45 eran hijos en común entre la víctima y el agresor.
La mayoría de los ataques ocurrieron dentro de viviendas
El 78% de los femicidios investigados ocurrió en viviendas. La casa compartida entre víctima y agresor fue el escenario más frecuente, concentrando el 35,5% de los casos. Le siguieron las viviendas particulares de las víctimas, con el 29%, mientras que los espacios públicos representaron el 15,5%.
En cuanto a los agresores, se identificaron 198 sujetos activos, aunque al menos 12 permanecían sin identificar al momento del cierre del informe. La edad promedio fue de 38,4 años y el grupo más numeroso correspondió a personas de entre 25 y 34 años.
Otro dato relevante es que al menos 20 agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad. De ellos, diez utilizaron armas reglamentarias para cometer el crimen y siete se suicidaron posteriormente. Además, el 22,4% registraba consumo problemático de sustancias, principalmente alcohol y cocaína.
El estudio concluye que el 65% de los agresores permanecía privado de la libertad al momento del corte estadístico. Sin embargo, la persistencia de estos hechos evidencia que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural en Argentina.
