Jonatan “Jona” Riquelme, detenido en el penal de Piñero y vinculado a una organización narcocriminal, solicitó realizarse un espermograma para avanzar con una fecundación asistida junto a su pareja. El Servicio Penitenciario deberá informar si el procedimiento es viable.
Jonatan “Jona” Riquelme pidió realizarse un tratamiento de fertilidad mientras permanece detenido en el penal de Piñero y la Justicia Federal de Rosario comenzó a analizar si autoriza el procedimiento. Su defensa solicitó que pueda obtenerse una muestra para un espermograma dentro de la cárcel o, alternativamente, que sea trasladado hasta una clínica privada.
El planteo quedó en manos del Juzgado Federal Nº4, actualmente subrogado por Carlos Vera Barros, que no concedió ni rechazó todavía la solicitud. El magistrado requirió al Servicio Penitenciario que informe acerca de la viabilidad de concretar el procedimiento solicitado.
Desde la Secretaría de Asuntos Penitenciarios manifestaron reparos ante ambas posibilidades. Según trascendió, consideran que un traslado hacia una institución privada representaría riesgos debido al perfil del detenido y que desarrollar el procedimiento dentro del establecimiento penitenciario también presentaría dificultades.
Qué pidió la defensa de Riquelme
El planteo fue presentado por los abogados del detenido a fines de junio. Según el escrito y de acuerdo a lo publicado por Aire de Santa Fe, Riquelme y su pareja llevan adelante un tratamiento en un instituto privado de fertilidad.
“Venimos por el presente escrito a solicitar autorización para que el interno Riquelme pueda realizar la recolección de semen por masturbación en un centro médico autorizado o se autorice la recolección en el centro médico de la Unidad 11 de Piñero, donde se encuentra alojado, por médico especialista a cargo de esta parte, con el fin de ser utilizado en un tratamiento de fecundación asistida junto a su cónyuge, quien desea quedar embarazada de su pareja”, señalaron los defensores.
Los abogados solicitaron además que la Unidad 11 determine si existe algún impedimento para concretar la práctica y, en caso de recibir una respuesta favorable, se establezcan el día y horario correspondientes.
La defensa argumentó que el procedimiento no afectaría las condiciones de seguridad del establecimiento. “La solicitud no implica riesgo para la seguridad penitenciaria ni afecta el régimen de ejecución de la pena, tratándose de un procedimiento médico controlado y supervisado y de escasos minutos”, sostuvo.
También consideró que rechazar injustificadamente el planteo podría afectar “derechos fundamentales de la pareja, en especial el derecho a la salud reproductiva y a la planificación familiar”.
Quién es “Jona” Riquelme
Jonatan Riquelme, también conocido como “Jona”, “Jonita” o “Gato”, es hermano de Francisco “Fran” Riquelme, señalado por investigadores como líder de una organización narcocriminal relacionada con el clan de Esteban Alvarado.
Según las investigaciones judiciales y policiales citadas en la causa, la estructura estaba vinculada con la comercialización de drogas en sectores de Empalme Graneros, Industrial y Ludueña, en Rosario. A Jonatan Riquelme se le atribuyó el rol de manejar las actividades de la organización en la calle.
El hombre estuvo prófugo durante varios meses hasta que fue detenido en diciembre de 2024 en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, mediante un operativo conjunto desarrollado por fuerzas de seguridad porteñas y santafesinas.
Sobre Riquelme pesaban pedidos de captura relacionados con un doble homicidio y una investigación por asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
El Servicio Penitenciario deberá responder
Ante el pedido, el Juzgado Federal Nº4 requirió formalmente al Servicio Penitenciario que evalúe las condiciones para realizar el procedimiento.
Desde el área penitenciaria provincial plantearon que no se trataría de una intervención relacionada con una enfermedad que requiera atención urgente, sino de un procedimiento vinculado con la salud reproductiva.
También señalaron las dificultades que representaría trasladar a un interno considerado de alto riesgo hasta una clínica privada. La otra posibilidad planteada por los abogados es que un profesional particular ingrese al penal para realizar allí el procedimiento.
Por el momento, la decisión definitiva quedó pendiente del informe requerido por la Justicia.
El antecedente de Bárbara Cantero
La presentación de Riquelme se conoció pocos días después de otra controvertida resolución de la Justicia Federal de Rosario relacionada con una persona condenada por narcotráfico.
El juez federal Otmar Paulucci había autorizado a Bárbara Yamila Cantero, integrante de la familia vinculada a Los Monos, a abandonar temporalmente el domicilio donde cumple prisión domiciliaria para concurrir a un centro comercial acompañada por sus hijos.
La resolución había sido adoptada pese a la oposición del fiscal federal Tomás Malaponte, quien sostuvo que el objetivo de fortalecer los vínculos familiares ya estaba garantizado debido a que Cantero convivía con sus hijos y otros familiares.
El magistrado había considerado, en cambio, que la salida estaba vinculada con el “interés superior de los niños involucrados”.
La autorización que finalmente quedó suspendida
Luego de que la decisión tomara estado público, el fiscal interpuso un recurso y el juez resolvió suspender el permiso mientras se analizaba el planteo.
“Del recurso interpuesto precedentemente por el Fiscal Federal, córrase vista a la Defensa y a la Supervisora de la Unidad de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes y personas con capacidad jurídica limitada de la Jurisdicción Federal de Rosario. Suspéndase la autorización para efectuar la salida prevista para el día 5/08/2026”, estableció posteriormente la resolución.
Bárbara Cantero fue condenada en agosto de 2024 como partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes y cumple actualmente prisión domiciliaria.
El nuevo planteo formulado por la defensa de Riquelme volvió así a poner bajo atención las decisiones de la Justicia Federal rosarina relacionadas con las condiciones de detención y los derechos reclamados por personas vinculadas a organizaciones narcocriminales.
