Tras el cierre de la planta estatal de Don Torcuato y el traspaso a una firma privada, se estima que hay más de medio millón de autos sin identificación en las calles. El proceso de normalización aún no tiene impacto visible.
El faltante de chapas patentes se volvió una postal habitual en las calles del país. A mediados de 2025, el fenómeno se profundizó y ya se estima que más de 500.000 vehículos circulan sin identificación oficial. La causa principal se vincula al cierre de la planta de producción estatal en Don Torcuato, dependiente de la Casa de Moneda, y a la posterior licitación del servicio que dejó el sistema en manos privadas.
El proceso comenzó con la liquidación, en noviembre de 2024, de la planta gráfica que fabricaba las patentes. El traslado de la maquinaria a la sede central demoró seis meses, durante los cuales los trabajadores debieron afrontar la escasez. Aunque aseguran que lograron regularizar la producción, denuncian que las chapas “no se están entregando”.
La empresa Tönnjes Sudamericana, asociación entre la alemana Tönnjes y la argentina Boldt, ganó en marzo la licitación para fabricar las nuevas patentes. La compañía, antes proveedora de Casa de Moneda, produce actualmente en una planta en La Boca, pero por el momento sólo está fabricando reposiciones.
Empleados del Registro de la Propiedad Automotor alertan sobre el impacto operativo: no cuentan con stock suficiente y deben entregar patentes provisorias en papel. Una circular oficial emitida en febrero limitó el stock a dos lotes mensuales de 26 chapas por registro, lo que no alcanza frente a la demanda actual, que en algunos casos supera las 2.000 solicitudes mensuales.
Además de los problemas logísticos y laborales -con 500 puestos perdidos según ATE-, la falta de identificación vehicular genera consecuencias sobre la seguridad vial. Las cámaras de control de tránsito no pueden registrar infracciones como exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo si el vehículo no tiene chapa.
Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, advirtió que "en un sistema ya debilitado por falta de control, la imposibilidad de identificar vehículos agrava la situación". La modificación u ocultación de patentes constituye una infracción, pero la extensión del faltante vuelve difícil distinguir entre la omisión intencional y la consecuencia administrativa.
La problemática también escaló a nivel legislativo. El mes pasado, la senadora Silvina García Larraburu presentó un pedido de informes al Ejecutivo solicitando datos precisos sobre la situación. Cuestionó la falta de garantías en la transición del sistema estatal al privado y los efectos sobre la seguridad y transparencia del proceso. (con información de Página 12)
