REDACCIÓN ELONCE
La Corte Suprema dejó sin efecto una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado el amparo presentado por la familia de una adolescente de 15 años de Rosario del Tala. Sus abogados explicaron a Elonce los alcances del fallo y reclamaron una respuesta urgente.
El derecho a la educación inclusiva de una adolescente de Rosario del Tala motivó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La resolución abrió una nueva instancia judicial para garantizar la escolarización de la joven de 15 años, quien lleva un año y medio sin asistir a clases.
Los abogados de la familia, Lucio Salisky y Eliana Peltzer, explicaron a Elonce que el conflicto comenzó en mayo de 2025, cuando la madre reclamó que su hija pudiera acceder a una educación secundaria adaptada a sus necesidades, en igualdad de condiciones con sus compañeros.
La familia presentó una acción de amparo ante la Justicia de Rosario del Tala. En primera instancia, el juzgado interviniente hizo lugar al reclamo y ordenó al Consejo General de Educación (CGE) elaborar un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantizara una educación integral e inclusiva.
Por qué intervino la Corte Suprema
El CGE apeló aquella resolución y el Superior Tribunal de Justicia provincial declaró inadmisible el amparo, al considerar que el reclamo debía tramitarse por otras vías administrativas.
Ante esa decisión, los representantes legales acudieron a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. El máximo tribuna nacional dejó sin efecto la sentencia provincial y ordenó dictar una nueva resolución conforme a los principios constitucionales vinculados con la educación inclusiva y el acceso a la Justicia.
"La Corte ordena que esta nueva sentencia sea dictada con la mayor premura que el caso amerita", explicó Salisky. La urgencia responde a que la adolescente permanece sin escolarizar desde que comenzó el proceso judicial.
El reclamo por una escolarización completa
Según detallaron los letrados, las instituciones educativas habían propuesto que la estudiante asistiera solamente cuatro o cinco horas semanales, mientras que sus compañeros concurrían entre 25 y 30 horas.
"Una niña, por más que tenga discapacidad, tiene derecho a una educación inclusiva", remarcó Salisky. La familia reclama un proyecto pedagógico que contemple sus necesidades particulares sin limitar su acceso a la enseñanza.
Los abogados señalaron que el pronunciamiento también podría servir como antecedente para otros reclamos similares en Entre Ríos. "Esperamos que este fallo pueda ayudar a muchas personas que estén en similar situación", expresaron.
La resolución de la Corte no dispone directamente la reincorporación de la adolescente ni aprueba un proyecto pedagógico específico: ordena que la Justicia entrerriana dicte una nueva sentencia con urgencia, teniendo en cuenta su derecho a la educación.
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