La Escuela Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de Concepción del Uruguay respondió a la denuncia presentada por la familia de un alumno de siete años. Afirmó que intervino ante la situación comunicada, negó haber minimizado el caso e informó que las autoridades educativas ya tomaron conocimiento.
La dirección de la Escuela Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de Concepción del Uruguay difundió un comunicado institucional en respuesta a la denuncia radicada por la familia de un alumno de siete años por supuestas agresiones y situaciones de hostigamiento. El establecimiento educativo afirmó que no tenía registros que acreditaran hechos de bullying en los términos difundidos públicamente, aunque confirmó que intervino ante una situación comunicada por los progenitores.
La presentación había sido realizada el martes ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. En ella fueron mencionados una docente y un integrante del equipo directivo del establecimiento educativo.
Tras la difusión pública del caso, la dirección de la escuela dio a conocer su posición y aseguró que la documentación institucional quedó a disposición de Supervisión Escolar, la Dirección Departamental de Escuelas de Uruguay y las áreas correspondientes del Consejo General de Educación (CGE).
La respuesta de la escuela
En el comunicado, la institución sostuvo que “no cuenta con registros institucionales y áulicos que acrediten la existencia de situaciones de bullying, agresiones físicas o verbales, desatención o minimización de situaciones de violencia en los términos en que fueron difundidas públicamente”.
Sin embargo, confirmó que la familia había comunicado una situación y que, a partir de ese planteo, se efectuó un registro institucional. También señaló que se realizó una reunión con los progenitores, la docente y un integrante del equipo directivo.
Según la escuela, luego de ese encuentro fueron implementadas las intervenciones pedagógicas correspondientes. “No se ha desatendido ni minimizado ninguna situación que haya sido formalmente comunicada”, manifestó el establecimiento.
La institución diferenció, además, los acontecimientos que habrían ocurrido dentro de la escuela de otros episodios incluidos en la denuncia. En ese sentido, aseguró que algunas de las situaciones mencionadas habrían sucedido durante un encuentro particular, fuera del establecimiento y sin vinculación con actividades escolares.
Qué había denunciado la familia
Los padres del alumno sostuvieron que comenzaron a observar cambios en el comportamiento del niño. Según su relato, dejó de querer permanecer solo durante otras actividades, pedía ser acompañado hasta el ingreso de la escuela y manifestaba temor al momento de asistir a clases.
Ante esas señales, la familia decidió realizar una consulta con un profesional de la psicología. A partir de esa intervención surgió la sospecha de que los cambios podían estar relacionados con presuntas situaciones de hostigamiento protagonizadas por otros alumnos.
De acuerdo con la denuncia, dos compañeros habrían seguido al niño cuando se dirigía al baño y, una vez allí, presuntamente lo golpeaban, lo tiraban al piso y continuaban agrediéndolo. La presentación también hizo referencia a supuestas burlas e insultos.
Los progenitores plantearon que no habría sido un episodio aislado, sino una situación reiterada. También cuestionaron la respuesta que, según su versión, recibieron al comunicar los hechos a integrantes de la institución.
Una denuncia previa y una restricción judicial
En su respuesta, la escuela incorporó otro aspecto del conflicto. Informó que, antes de la difusión pública de la presentación realizada por la familia, había ocurrido una situación que involucró a un directivo y a una docente.
Según la versión institucional, la trabajadora habría sido amenazada y hostigada por el padre de un alumno. Por ese episodio se efectuó una denuncia y se dio intervención a los organismos competentes.
El establecimiento indicó que existe una medida judicial de restricción de acercamiento dictada por una autoridad competente. Añadió que la disposición fue notificada a las personas y organismos involucrados.
La escuela sostuvo que actuó conforme a las indicaciones recibidas y que priorizó el resguardo de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Intervención de las autoridades educativas
La institución afirmó que mantiene acciones destinadas a prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia, hostigamiento y dificultades en la convivencia escolar. También señaló que los planteos formulados por las familias son registrados, analizados y abordados según las particularidades de cada caso.
En el comunicado se mencionaron como marco de actuación la Ley Provincial de Educación Nº 9.890, la Ley Nacional Nº 26.892 de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas y la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La escuela indicó que continuará colaborando con los organismos intervinientes y entregará la documentación que sea requerida para establecer lo sucedido.
Solicitaron preservar las identidades
El establecimiento pidió evitar la identificación del personal involucrado y extremar los recaudos para proteger la identidad y privacidad de los niños relacionados con el caso.
Además, remarcó que la difusión de una denuncia no implica la acreditación automática de los hechos y que su esclarecimiento corresponde a las autoridades competentes.
Por otra parte, las trabajadoras mencionadas se reservaron el derecho de iniciar, en forma personal y fuera del ámbito institucional, las acciones civiles o penales que consideren pertinentes por los hechos denunciados y su difusión pública.
Finalmente, la Escuela Nº 1 reafirmó su compromiso con la protección integral de los estudiantes, el acompañamiento de las familias y la construcción de una convivencia escolar respetuosa. También sostuvo que resguardará los derechos y la integridad de sus trabajadores mientras continúen las actuaciones administrativas y judiciales.
