Miles de personas se manifestaron en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, exigiendo que se ponga fin al ajuste y se garantice la sostenibilidad del sistema de prestaciones.
Más de 15.000 personas se movilizaron este martes 4 de junio hacia el Congreso de la Nación para exigir el fin del ajuste que afecta gravemente a las personas con discapacidad. La convocatoria, considerada histórica por su masividad y alcance federal, incluyó réplicas en ciudades como Córdoba, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe y Tucumán, entre muchas otras.
La manifestación fue impulsada por organizaciones, trabajadores del sector, familias y personas con discapacidad, en defensa del acceso a las prestaciones que garantizan su inclusión y calidad de vida. Durante la movilización, la Cámara de Diputados dio quórum y comenzó a tratar un proyecto de ley de emergencia en discapacidad, impulsado ante la grave situación que atraviesa el sistema.
Debate legislativo y diagnóstico del sector
El proyecto de ley busca reparar los efectos del proceso de desfinanciamiento aplicado desde el Poder Ejecutivo Nacional, que según las organizaciones, ha puesto en jaque la sustentabilidad del sistema. En este contexto, el Foro Permanente Discapacidad difundió un documento clave que desmiente versiones oficiales y explica el verdadero funcionamiento del financiamiento.
Uno de los puntos centrales señalados por el FORO es la falta de participación y diálogo institucional: el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue designado sin antecedentes en el área y, según se denuncia, nunca convocó al Directorio del Sistema de Prestaciones, ni al Consejo Federal de Discapacidad, ni al Comité Asesor.
Quién financia el sistema y qué se oculta
El documento remarca que el sistema de prestaciones para personas con discapacidad se sostiene a través de cuatro fuentes: el PAMI, Incluir Salud (para quienes tienen pensiones no contributivas), las obras sociales y las prepagas. Solo el programa Incluir Salud depende directamente del presupuesto nacional, y representa apenas el 24% del financiamiento total. El resto proviene del aporte de trabajadores, empleadores, jubilados y usuarios del sistema prepago.
En ese marco, la versión oficial que responsabiliza al colectivo de discapacidad por el colapso del sistema sanitario es desmentida por datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que indican que el impacto del sector sobre el Fondo Solidario de Redistribución fue del 61,4% en 2024, muy lejos del 90% señalado por el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Atrasos, aranceles y sospechas
El atraso arancelario en las prestaciones asciende actualmente al 73%, mientras que las empresas de medicina prepaga han sido autorizadas a aplicar aumentos por encima del índice inflacionario. Ninguna organización del sector ha sido recibida hasta el momento por el Ministro de Salud, lo que ha despertado sospechas sobre posibles conflictos de interés, dado su vínculo con el ámbito empresarial.
La ley de emergencia en debate representa apenas el 0,03% del Producto Bruto Interno (PBI), pero permitiría sostener un sistema que brinda atención a más de 250.000 personas que no cuentan con cobertura en el sistema público. En este contexto, las organizaciones alertan que la crisis no responde a una búsqueda de eficiencia estatal, sino a intereses económicos concretos que persiguen la flexibilización de los compromisos por parte de obras sociales y prepagas.
Una pregunta que recorre las calles
“Si durante más de 25 años —incluso en plena crisis de 2001— el sistema funcionó, ¿por qué hoy no alcanza? ¿Quién se está quedando con el dinero?”, se preguntan desde el FORO. La jornada del 4 de junio dejó claro que miles de argentinos están dispuestos a movilizarse para exigir respuestas y garantizar el acceso a derechos fundamentales.
