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Sociedad Causa por contrabando

Amplían procesamiento a influencer por usar CUIT de gobernadores

La Justicia amplió el procesamiento contra una influencer acusada de usar datos fiscales de cuatro gobernadores para importar productos. Embargaron bienes por $15 millones.

18 de Marzo de 2026
Valentina Olguín
Valentina Olguín

La Justicia amplió el procesamiento contra una influencer acusada de usar datos fiscales de cuatro gobernadores para importar productos. Embargaron bienes por $15 millones.

La Justicia amplió el procesamiento a la influencer Valentina Olguín por usar CUIT de gobernadores en el marco de una causa por presunto contrabando por simulación, en la que se investigan maniobras para realizar importaciones de productos de lujo.

 

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez. Olguín ya había sido procesada en mayo de 2025 por utilizar datos fiscales del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Ahora, la investigación determinó que las operaciones también incluyeron los CUIT de otros mandatarios provinciales: Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

 

Maniobras y ampliación de la imputación

El juez resolvió ampliar el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación, en relación a unos 15 hechos detectados durante la investigación.

 

De acuerdo al requerimiento del fiscal federal Agustín Chit, la acusada “simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por Courier”.

 

Según surge del expediente, la influencer habría utilizado las identidades de los gobernadores para recibir en su domicilio particular paquetes de indumentaria provenientes del exterior.

Embargo y pruebas

En la resolución judicial también se dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de $15 millones, en función de la gravedad y reiteración de las maniobras.

 

La figura de contrabando por simulación, contemplada en la normativa penal aduanera, prevé penas que van de 2 a 8 años de prisión.

 

Durante la investigación se recolectaron distintas pruebas, entre ellas análisis técnicos de comunicaciones, peritajes sobre dispositivos electrónicos y registros de antenas telefónicas que coincidieron con la recepción de los envíos.

 

Seguimiento de envíos y rechazo de la defensa

El Ministerio Público Fiscal también logró reconstruir el circuito de compras internacionales a partir del seguimiento de envíos realizados por la empresa FedEx, que tenían como destino el domicilio de la acusada en el barrio porteño de Núñez.

 

Por su parte, el juzgado rechazó los argumentos de la defensa, que sostenían que los datos utilizados habrían sido obtenidos mediante una “búsqueda al azar” en internet.

El magistrado consideró que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas descartan esa hipótesis y evidencian el conocimiento de la ilicitud de las maniobras.

 

Origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien en octubre de 2024 advirtió que su CUIT había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior.

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