La emergencia en salud mental en Entre Ríos motivó un documento de la Mesa provincial, que advirtió sobre suicidios e intentos, demoras para acceder a atención y falta de equipos. Reclamó fondos, prevención comunitaria y aplicación efectiva de las normas vigentes.
La emergencia en salud mental en Entre Ríos requiere respuestas permanentes y no puede abordarse solamente en fechas vinculadas con la prevención del suicidio, advirtió la Mesa por la Salud Mental de la provincia en un documento en el que describió dificultades en el sistema de atención y reclamó políticas públicas integrales.
El espacio sostuvo que los elevados índices de suicidio representan una problemática que excede las estadísticas y atraviesa a personas, familias y comunidades. En ese marco, planteó que la prevención debe contemplar el acceso a la salud, las condiciones socioeconómicas, el trabajo, la educación, los consumos problemáticos, las infancias y juventudes y las redes comunitarias de cuidado.
“La salud mental no empieza ni termina en un consultorio. Se construye, o se deteriora, en las condiciones concretas en las que las personas viven”, señaló la Mesa. Bajo esa perspectiva, consideró que las estrategias preventivas deben mantenerse durante todo el año y alcanzar diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Los indicadores que encendieron la preocupación
Entre los datos incluidos en el documento, la organización señaló que Entre Ríos registra una tasa de suicidios de 20,8 casos cada 100.000 habitantes, cifra que atribuyó al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Además, afirmó que entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 418 intentos de suicidio en la provincia.
A partir de esos indicadores, la Mesa sostuvo que la prevención no puede limitarse a campañas de concientización ni analizarse de manera aislada. En su diagnóstico, vinculó la salud mental con factores económicos, laborales, alimentarios y comunitarios que pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad.
En particular, la organización advirtió sobre el impacto del aumento del costo de vida, la precarización laboral y el empleo informal. Según expresó, ese escenario genera “un clima de permanente incertidumbre y angustia social” que repercute en el bienestar cotidiano de las familias entrerrianas.
El impacto de las condiciones socioeconómicas
El documento hizo especial hincapié en la situación de los jóvenes. La Mesa afirmó que cuatro de cada diez figuran en el sistema Veraz como morosos en situación de incobrabilidad y relacionó ese indicador con las dificultades para acceder a oportunidades laborales y alcanzar estabilidad económica.
También cuestionó las políticas vinculadas con la asistencia alimentaria y sostuvo que aumentó la cantidad de familias que recurren a comedores comunitarios. En ese punto, atribuyó al Gobierno provincial la aplicación de recortes y obstáculos administrativos sobre módulos de emergencia alimentaria bajo revisiones vinculadas con la transparencia. Se trata de una evaluación formulada por la organización en su documento.
La Mesa agregó que existen recursos insuficientes destinados a espacios de prevención comunitaria. Entre ellos mencionó clubes barriales y propuestas culturales territoriales, a los que consideró ámbitos capaces de constituirse en redes de contención y acompañamiento.
Demoras y dificultades para conseguir atención
Otro de los principales ejes del diagnóstico estuvo puesto en el sistema público de salud. La organización aseguró que aumentó la demanda como consecuencia de personas que dejaron de sostener coberturas privadas u obras sociales ante el incremento de los costos y comenzaron a recurrir al sector estatal.
De acuerdo con el relevamiento presentado por la Mesa, existen demoras superiores a dos meses para obtener determinados turnos individuales de atención psicológica en el primer nivel. Asimismo, advirtió sobre dificultades para conformar y sostener equipos interdisciplinarios con psiquiatras y profesionales de distintas especialidades.
Según señaló, esas limitaciones repercuten especialmente en la atención de cuadros complejos y situaciones de crisis. Por esa razón, reclamó fortalecer los centros de atención primaria y garantizar recursos humanos suficientes para que la intervención pueda realizarse de manera temprana.
Preocupación por niños y adolescentes
El documento también alertó sobre la disponibilidad de espacios específicos para la salud mental de niños, niñas y adolescentes. La Mesa mencionó testimonios que, según indicó, dan cuenta del inicio de consumos problemáticos desde los 8 o 9 años y reclamó dispositivos adecuados para abordar esas situaciones.
En el ámbito educativo, planteó que los gabinetes psicopedagógicos requieren mayores recursos para acompañar las trayectorias escolares. También sostuvo que diferentes instituciones dependientes del Estado nacional se encuentran sobrecargadas, situación que atribuyó a restricciones presupuestarias y de personal.
A esas dificultades sumó la falta de políticas de posvención, es decir, intervenciones destinadas a acompañar a familiares y comunidades después de un suicidio. Para la Mesa, ese aspecto debe integrar cualquier estrategia provincial de prevención y cuidado de la salud mental.
Cuestionamientos por la respuesta institucional
La organización contrastó la urgencia planteada en su diagnóstico con los tiempos de las respuestas legislativas. Según indicó, existen “al menos siete u ocho” proyectos vinculados con salud mental y prevención que permanecen sin avances suficientes en la Legislatura provincial y que, de acuerdo con su postura, permitirían orientar recursos específicos.
También se refirió al Decreto de Urgencia en Salud Mental promulgado el 22 de julio. La Mesa cuestionó que todavía no existan, según su evaluación, precisiones suficientes respecto del destino y ejecución de los recursos previstos, por lo que reclamó información presupuestaria clara y aplicación inmediata.
En cuanto al Consejo Provincial de Salud Mental (COPRISMA), valoró su convocatoria después de más de dos años de inactividad, aunque advirtió que el organismo no debería limitarse a instancias administrativas. El planteo fue que su funcionamiento derive en medidas concretas frente a la situación descripta.
Cinco reclamos para afrontar la emergencia
Frente a este escenario, la Mesa estableció cinco prioridades. La primera consistió en garantizar condiciones materiales de vida mediante respuestas ante la emergencia alimentaria, el desempleo y la precarización económica, factores que consideró vinculados con el deterioro de la salud mental colectiva.
En segundo término, pidió financiamiento efectivo para prevención e infraestructura asistencial, con presupuesto destinado al fortalecimiento de centros de salud del primer nivel, clubes comunitarios, gabinetes escolares y espacios culturales. También reclamó la implementación territorial de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y de la normativa provincial.
Finalmente, exigió el tratamiento de proyectos legislativos que asignen recursos específicos y la ejecución “transparente e inmediata” del decreto de urgencia. Para la Mesa, una declaración formal resulta insuficiente sin presupuesto, dispositivos territoriales y una estrategia capaz de intervenir antes de las crisis. Su planteo central fue que la prevención del suicidio debe transformarse en una política sostenida durante todo el año.
