REDACCIÓN ELONCE
Cuestionan la política salarial del Gobierno provincial y alertaron que los aumentos no remunerativos impactan en el financiamiento de la OSER y la Caja de Jubilaciones. “El gobierno está violando la Constitución y no está tributando a la Caja de Jubilaciones vía aumentos en negro”, expresaron.
Los aumentos salariales en negro en Entre Ríos generaron nuevas críticas desde sectores de trabajadores y referentes sociales, que advierten que la utilización de sumas no remunerativas en las paritarias provinciales podría afectar el financiamiento de la OSER y de la Caja de Jubilaciones. Así lo plantearon integrantes del colectivo Trabajadores por la Ventana, quienes difundieron un documento en el que cuestionaron la política salarial del gobierno provincial.
El colectivo sostuvo que las sumas no remunerativas ofrecidas en las negociaciones salariales “vulneran principios constitucionales y laborales vigentes en Entre Ríos”, al impactar en los aportes previsionales y en los recursos que sostienen los sistemas de seguridad social.
En ese marco, los integrantes del espacio Tomás Caino y César Baudino analizaron el contexto económico y político, y advirtieron que el esquema salarial vigente podría profundizar el desfinanciamiento de organismos clave para los trabajadores del Estado provincial.
Conflictos salariales y preocupación por el financiamiento previsional
Tomás Caino señaló que el escenario actual muestra una creciente tensión social vinculada con el debate salarial y sus consecuencias sobre organismos como la Caja de Jubilaciones y la obra social provincial. “Hay una radicalización de los conflictos sociales que abordan todo el juego paritario, las resoluciones salariales y sus consecuencias con entes que tienen que ver con el salario, con la vida de trabajadores, como puede ser la Caja de Jubilaciones y la obra social de la provincia”, expresó.
Según explicó, la discusión no se limita únicamente a los aumentos salariales sino que involucra cuestiones estructurales vinculadas al financiamiento del sistema previsional y sanitario.
Caino sostuvo que el debate actual se desarrolla en un contexto complejo, atravesado por problemas económicos y sociales. En ese sentido, afirmó que “el miedo y la desinformación” influyen en la discusión pública sobre los recursos del Estado y sobre el funcionamiento de los organismos previsionales.
Reclamos por información y cuestionamientos al Gobierno
El integrante del colectivo indicó que desde el espacio vienen planteando cuestionamientos institucionales respecto del manejo de los recursos públicos y la política salarial. “Venimos planteando que hay una serie de irregularidades en democracia que son casi inconcebibles”, afirmó al dialogar con Elonce.
En ese marco, remarcó que tanto la educación como la salud son derechos garantizados por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos. “Decimos que la salud y la educación son un derecho y nos planteamos defender la educación en un marco institucional, en el marco de legislaciones internacionales de derechos humanos, en el marco de la propia Constitución nacional y en el marco de la propia Constitución de la provincia”, manifestó.
Caino sostuvo además que el colectivo solicitó información sobre el financiamiento de los organismos previsionales y sanitarios, aunque aseguró que no obtuvieron respuestas claras. “Pedimos información que no está, pedimos soluciones que no aparecen y pedimos respuesta”, señaló.
El impacto económico de la crisis y la caída de la recaudación
En su análisis, Caino también vinculó el problema del financiamiento estatal con la situación económica general del país, marcada por la caída del consumo y la actividad. Según explicó, la reducción de la actividad económica repercute directamente en los ingresos fiscales de la provincia.
“¿Cómo no va a haber pérdida tributaria cuando el país se incendia por desocupación, por cierre de empresas, por baja de salario y fundamentalmente por baja de consumo?”, planteó a Elonce.
El referente del colectivo afirmó que la caída del consumo reduce la recaudación de impuestos y, en consecuencia, afecta las arcas del Estado. “Y la baja de consumo significa menos aporte a las arcas del Estado, a nuestra arca”, indicó.
En ese sentido, recordó que tanto la educación como la salud pública se financian con los impuestos que pagan los ciudadanos. “La educación le dicen gratuita, no es gratuita; la salud no es gratuita. La estamos pagando los vecinos, los ciudadanos a través de nuestro aporte”, afirmó.
Debate sobre recursos provinciales y distribución fiscal
Caino también planteó cuestionamientos sobre la distribución de los recursos generados en la provincia y su destino final. Explicó que existe una diferencia entre el Producto Bruto Interno (PBI) y el Producto Bruto Regional (PBR), y que este último refleja la producción generada en el ámbito provincial. “Aquí los vecinos, los ciudadanos entrerrianos generamos un PBR de servicio y producción”, explicó.
Según su análisis, una parte importante de los recursos generados en la provincia no se reinvierte localmente. “El 50% de lo que nosotros producimos alcanza para cubrir todas nuestras necesidades como sociedad y hay un 50% que no sabemos para dónde va”, expresó.
Además, sostuvo que dentro del sistema tributario una porción significativa de los recursos recaudados en la provincia se transfiere al gobierno nacional a través de impuestos coparticipables. “Hay un 30% que se recrea acá en el centro de la provincia y un 70% que viaja por fondos federales, tipo el IVA, al gobierno federal”, señaló.
Propuestas para modificar el esquema impositivo
Por su parte, César Baudino analizó posibles alternativas para fortalecer los ingresos del Estado provincial y reducir la presión sobre los salarios. “Ante este escenario tan complejo, como ha señalado Tomás, hay que discutir cuestiones como el impuesto al patrimonio o el impuesto a las grandes herencias”, planteó el ex dirigente docente de AGMER.
Según explicó, existen sectores con gran capacidad económica que podrían aportar más recursos al sistema tributario provincial. “Hay gente que tiene muchísimas propiedades, hay dueños de campos que tienen diez, doce o quince estancias con denominaciones diferentes para no tributar lo que deben tributar”, sostuvo en diálogo con Elonce.
Baudino también mencionó la necesidad de revisar el sistema de coparticipación federal de impuestos, al considerar que las provincias reciben una proporción insuficiente de los recursos que generan. “La provincia hace muchos años que no reclama la coparticipación que nos corresponde”, afirmó.
Críticas al sistema de coparticipación
En su análisis, Baudino recordó que el sistema de coparticipación federal vigente data de finales de la década de 1980 y establece una distribución de recursos entre la Nación y las provincias. “Desde el año 1989 existe la Ley Federal de Coparticipación de Impuestos y las provincias reciben alrededor como máximo del 30%”, señaló a Elonce.
A su entender, la relación fiscal entre Nación y provincias es desigual y requiere una revisión. “Las provincias son anteriores a la nación. Acá hay una relación bastante asimétrica que hay que corregir y hay que disputar los recursos que generamos todos”, afirmó.
El referente también mencionó el peso del IVA en la recaudación nacional y cómo su evolución depende del nivel de consumo. “El IVA representa casi el 40% de la recaudación nacional de impuestos, pero al haber un consumo deprimido también baja esa recaudación”, explicó.
Cuestionamientos a las sumas no remunerativas
Uno de los puntos centrales del planteo del colectivo se refiere a la utilización de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales del sector público. Baudino consideró que este mecanismo afecta el financiamiento del sistema previsional provincial. “Se está metiendo plata en negro y la Constitución lo prohíbe”, afirmó a Elonce.
En ese sentido, señaló que la Constitución de Entre Ríos establece que los salarios deben realizar aportes y contribuciones al sistema previsional. “El artículo 82 dice que todos los salarios deben ser con aportes y contribuciones. Esto no se está cumpliendo”, sostuvo.
Además, explicó que algunos conceptos salariales como conectividad o determinados fondos se liquidan como sumas fijas que no tributan a la Caja de Jubilaciones. “Pusieron plata en conectividad y en el FOPID, que son sumas fijas, como se dice en negro, que no tributan a la caja”, indicó.
Debate sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones
En ese contexto, Baudino cuestionó el discurso oficial que atribuye el déficit previsional exclusivamente a la situación financiera del sistema.
“Hay una intoxicación de información cuando se habla del déficit de la Caja de Jubilaciones”, afirmó.
Según su análisis, la propia política salarial contribuye a debilitar los ingresos del organismo. “Es el propio gobierno que está violando la Constitución y que no está tributando a la Caja de Jubilaciones vía montos en negro”, expresó a Elonce.
El referente también planteó interrogantes sobre la transparencia en los datos del sistema previsional. “No sabemos cuánto es el ingreso real de lo que aportamos el 38%, 19 personal y 19 patronal a la Caja de Jubilaciones”, señaló.
Transparencia y reclamos institucionales
Tomás Caino retomó la discusión y sostuvo que el problema del financiamiento no se resolvería simplemente aumentando los aportes de los trabajadores. “Se está hablando de aumentar el porcentaje, por ejemplo en el caso del IOSPER el 3%. No es cuestión de aumentar el porcentaje”, afirmó.
Para el referente, el problema central radica en la utilización de sumas salariales que no realizan aportes al sistema. “Si seguimos metiendo plata en negro, obviamente la Caja se desfinancia y la obra social se desfinancia”, advirtió en diálogo con Elonce.
Caino insistió en la necesidad de avanzar en mecanismos de control y auditoría sobre el funcionamiento de los organismos estatales. “Por eso tiene que haber transparencia”, expresó.
Advertencias sobre el futuro del sistema
Finalmente, Caino alertó sobre las consecuencias que podría tener el actual escenario si no se modifican las políticas salariales y de financiamiento.
El dirigente sostuvo que el malestar social se ha incrementado en distintos sectores de la sociedad. “Cada vez aportamos más para estar peor”, afirmó a Elonce.
En ese contexto, consideró que el panorama podría agravarse si no se abordan los problemas estructurales del sistema previsional y sanitario. “Visto esto, en lo inmediato, así como están las cosas, vamos a un precipicio”, concluyó.
