REDACCIÓN ELONCE
El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei apunta a reducir la litigiosidad laboral, que alcanza a casi el 10% de los asalariados privados. Cambios en indemnizaciones, peritajes y actualización de créditos generan apoyos empresarios y fuertes cuestionamientos jurídicos.
Reforma laboral: cambios clave para reducir juicios laborales. El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional avanzó con el objetivo explícito de reducir la elevada litigiosidad que enfrenta el sistema laboral argentino, un fenómeno que, según datos técnicos, afecta de manera directa a empresas de todos los tamaños, en especial a las pequeñas y medianas.
La iniciativa propone modificaciones estructurales en materia de indemnizaciones, procesos judiciales, actualización de créditos y riesgos del trabajo, en un contexto económico marcado por la inflación, la retracción del empleo formal y el aumento de la conflictividad judicial.
De acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el stock de juicios laborales pendientes asciende actualmente a 637.330 expedientes en todo el país. De ese total, 308.082 corresponden a causas vinculadas al sistema de Riesgos del Trabajo, mientras que 329.248 son juicios por despido, las dos principales fuentes de litigiosidad laboral.
Si se lo compara con la cantidad de asalariados registrados en el sector privado —alrededor de 6,3 millones de trabajadores—, el volumen de causas en trámite equivale a casi el 10% del total, una proporción que desde el sector empresario es considerada insostenible para el normal funcionamiento del mercado laboral.
Récord de demandas por accidentes y enfermedades laborales
El fenómeno se intensificó durante el último año en el ámbito de los riesgos del trabajo. Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre se notificaron 122.875 nuevos juicios, lo que llevó a 131.998 causas acumuladas en los últimos doce meses, el nivel más alto desde la creación del sistema.
Este escenario es uno de los principales argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para justificar la reforma, al advertir que la elevada litigiosidad incrementa los costos laborales indirectos, desalienta la contratación formal y genera incertidumbre jurídica, especialmente en las pymes.
Cambios clave en indemnizaciones y procesos
Entre los puntos centrales del proyecto, el texto oficial establece un régimen legal uniforme para la actualización de los créditos laborales, con el objetivo de eliminar criterios dispares entre juzgados. Además, habilita —con control judicial— el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes, una medida pensada para evitar quiebras o cierres de empresas ante fallos de elevado impacto económico.
Otro aspecto relevante es la clarificación de la base de cálculo de la indemnización por despido, que excluiría expresamente conceptos no mensuales como vacaciones, aguinaldo o premios extraordinarios. Desde el sector empresario sostienen que esta definición acota márgenes de interpretación que, hasta ahora, derivaban en reclamos millonarios.
En materia de Riesgos del Trabajo, el proyecto fija un plazo de 90 días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y desvincula los honorarios de los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad determinado, uno de los factores que más incentivos generaba para la judicialización.
El análisis de especialistas
Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, explicó que la reforma, tal como está redactada, busca “eliminar posibles discrecionalidades en los tribunales”, aunque advirtió que algunos artículos podrían ser judicializados si no se realizan ajustes durante el debate legislativo.
Entre los principales cambios procesales, enumeró que la indemnización por despido sin justa causa será total y cancelatoria, lo que impediría al trabajador iniciar nuevos reclamos una vez cobrada, aun ante errores de cálculo. También se elimina la posibilidad de ofrecer prueba días después de contestada la demanda, obligando a presentarla desde el inicio del proceso.
Además, se suprime el impulso de oficio del juez, estableciendo que el avance del expediente dependerá exclusivamente de las partes, y se fija la caducidad de la instancia si no hay actividad procesal durante seis meses, salvo excepciones justificadas.
Otro punto sensible es la exclusión del fuero laboral para causas contra el Estado, que pasarán al contencioso administrativo, donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo.
El rol de la Corte y el debate constitucional
Uno de los artículos más controvertidos es el que obliga a los jueces laborales a seguir los criterios fijados por la Corte Suprema, bajo apercibimiento de sanciones por mal desempeño si se apartan sin justificación.
Mañko consideró que este punto “es altamente judicializable”, ya que los magistrados no están obligados a adoptar precedentes de manera automática, sino a analizar cada caso en particular.
A esto se suma el cambio de criterio para los prestadores de servicios, que pasarían a ser considerados autónomos y no empleados en relación de dependencia, lo que impactaría en miles de causas iniciadas bajo el esquema vigente.
Intereses, inflación y críticas académicas
Desde el ámbito académico, Alejandro Rossi, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Austral, cuestionó el esquema de intereses propuesto para los juicios laborales.
“El intento de fijar intereses en ‘lo menos posible’ ignora la realidad inflacionaria estructural de la Argentina”, sostuvo, al advertir que tasas bajas o fijas desincentivan los acuerdos y alargan los litigios, ya que el paso del tiempo licúa el valor de la condena.
Según explicó, para los juicios en trámite los intereses se calcularían en base a una tasa que definirá el Banco Central, posiblemente vinculada a tasas bancarias activas o pasivas, lo que implicaría montos sensiblemente menores a los ajustes aplicados en años recientes.
Fondos de Asistencia Laboral y dudas pendientes
Desde el sector pyme, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se refirió a la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar indemnizaciones mediante un aporte mensual del 3% de las remuneraciones, compensado con una reducción equivalente en las contribuciones patronales al SIPA.
Rosato valoró positivamente la iniciativa, al considerar que podría reducir los juicios por despido al garantizar el pago de las indemnizaciones, pero planteó interrogantes sobre su instrumentación. Entre ellos, qué ocurrirá con los fondos acumulados si el trabajador no es despedido y cómo se aplicará el sistema a empleados que ya estaban en funciones antes de la sanción de la ley.
“Otorgar acceso a esos aportes aun sin desvinculación le daría mayor armonía y aceptación social al proyecto”, afirmó.
Un debate abierto
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para ordenar el sistema laboral y promover el empleo formal, desde sectores opositores advierten que los cambios no garantizan una reducción real de la litigiosidad y anticipan una fuerte batalla judicial en caso de sanción.
En un país con históricamente altos niveles de conflictividad laboral, la reforma vuelve a poner en tensión el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la previsibilidad que reclaman las empresas, en un debate que promete extenderse más allá del Congreso. (Con información de Infobae)
