Lo estableció mediante la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial. Buscará, dentro de los próximos ocho meses, transferir al sector privado el 90 % del paquete accionario que posee.
El Gobierno nacional formalizó este martes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), con la publicación de la Resolución 1198/2025 en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y establece que el Estado buscará transferir al sector privado el 90 % del paquete accionario que actualmente posee, en un plazo máximo de ocho meses.
Esta decisión se enmarca en una serie de reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, y llega casi un mes después de la publicación del Decreto 494/2025, que dispuso las bases regulatorias para avanzar con la venta. A través de ese documento, se especificó que la operación se llevará a cabo “bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90 % del capital social” de AySA.
La compañía forma parte del grupo de ocho empresas públicas incluidas en la lista de privatizaciones habilitadas por la Ley Bases, aprobada en julio de 2024 por el Congreso Nacional. En el caso de AySA, el Gobierno considera que su estructura societaria, similar a la de una empresa privada con participación mayoritaria del Estado, facilita la transferencia accionaria.
Intervención estatal limitada y nuevo rol del sector privado
En el artículo 2° de la Resolución publicada este martes, el Gobierno instruye a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” del Ministerio de Economía a liderar el proceso técnico. Entre otras tareas, deberá “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario” y “concretar la venta dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
También se encomienda a la Unidad Ejecutora la responsabilidad de llevar adelante “las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) que no hayan sido vendidas” en la primera etapa del proceso.
En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas tendrá un rol fundamental en el aspecto técnico del traspaso. Se le ordenó “elaborar la documentación licitatoria -técnica y contractual- del proceso de privatización, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente”, todo esto bajo supervisión de la Unidad Ejecutora Especial.
Garantizar el servicio público, eje clave de la transición
A pesar de la envergadura del proceso, el Gobierno asegura que la medida no afectará el servicio. La Secretaría de Obras Públicas deberá “arbitrar los medios necesarios para que lo dispuesto por la presente medida no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado que con esta privatización el Ejecutivo espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares, tomando como referencia lo que se pagó en su momento tras un juicio relacionado con la reestatización previa de la compañía.
AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en la región metropolitana de Buenos Aires. Aunque su figura jurídica es la de una sociedad anónima privada, el Estado ha mantenido históricamente el control mayoritario de su capital accionario. Ahora, con este nuevo paso, el Gobierno apunta a reconfigurar el mapa de empresas públicas en línea con su política de reducción del Estado. (Con información de Boletín Oficial y Clarín)
