El Plan de Inteligencia Nacional 2025 menciona el monitoreo de actores ambientales y climáticos. Referentes del sector denunciaron penalmente al titular de la SIDE y calificaron la medida como una amenaza a sus derechos.
El nuevo Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) generó una fuerte polémica al revelar que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contempla vigilar a organizaciones ambientalistas, pueblos originarios, científicos y entidades que promuevan la agenda climática. La inclusión de estos actores como posibles “objetivos estratégicos” en el documento generó polémica y repudios
La Nación accedió a una copia del documento donde se explicita que estas organizaciones pueden ser objeto de monitoreo en el marco de estrategias vinculadas a la protección de recursos naturales estratégicos y posibles obstrucciones a su explotación. Esto incluye minerales como el cobre y el aluminio, así como sectores clave como la energía, la agroindustria y tecnologías ligadas a la transición energética.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 25, 2025
El documento también hace foco en “actores con capacidad de incidir en decisiones políticas” y menciona específicamente a quienes, en defensa de patrimonios sagrados o ambientales, pudieran obstaculizar proyectos económicos.
Denuncias penales y tensión institucional
La filtración del PIN desató un fuerte rechazo por parte de referentes del ámbito socioambiental. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este jueves una denuncia penal contra el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y su jefe de Operaciones, Diego Kravetz, por presunto abuso de autoridad, figura contemplada en el artículo 248 del Código Penal.
“La totalidad del espacio socioambiental es blanco del Servicio de Inteligencia del Estado”, alertaron en un editorial firmado por Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas) y Maristella Svampa. En el texto expresaron preocupación por eventuales seguimientos, infiltraciones en redes y operaciones de desprestigio contra el sector, publicó La Nación.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), su director Andrés Nápoli sostuvo que, incluso si el PIN fuera modificado, “el solo hecho de que se haya redactado ya vulnera garantías constitucionales”.⚠️ Estamos en la mira de los Servicios de Inteligencia 👁
La SIDE tiene como objetivo a las Organizaciones Ambientalistas.
⚡️Inaceptable, peligroso y antidemocrático!
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— Enrique Viale (@EnriqueViale) June 13, 2025
Reuniones reservadas y cuestionamientos legislativos
La SIDE ya había sido interpelada por el Congreso en octubre del año pasado, cuando su cúpula mantuvo una reunión secreta con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. En aquella instancia, diputados y senadores expresaron inquietud por los lineamientos del nuevo plan. Posteriormente, en enero de este año, una directiva firmada por Kravetz ordenó identificar a actores no estatales que pudieran incidir políticamente en la población.
El pasado miércoles, Neiffert volvió a presentarse ante la comisión presidida por el senador Martín Lousteau. Según fuentes legislativas, negó que existan tareas de espionaje a sectores de la sociedad civil. Sin embargo, admitió la necesidad de revisar y adecuar el contenido del PIN.
La comisión inició, además, una investigación interna por la filtración del documento.
Por su parte, el Gobierno evitó pronunciamientos oficiales. Solo se confirmó que la SIDE responderá por escrito a las preguntas formuladas por los legisladores.
Impacto y reacción del sector ambiental
Aunque muchas organizaciones ambientales optaron por no hacer declaraciones públicas, varias admitieron haber iniciado reuniones internas y contactos con organismos de derechos humanos para analizar acciones legales y proteger su integridad, según señalaron a La Nación.
Desde el CELS, su directora Paula Litvachky alertó sobre una utilización de los servicios de inteligencia “a todas luces política” y consideró que el documento vulnera la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. “El Estado no puede utilizar la inteligencia para condicionar la acción de organizaciones civiles”, advirtió.
El monitoreo a actores ambientales también comprende el seguimiento de fenómenos climáticos como sequías, olas de calor o tormentas que puedan afectar a la producción, según establece el plan. Además, se declara interés por recopilar información sobre organismos internacionales que impulsen regulaciones ambientales restrictivas para la explotación de recursos.
Un cambio de paradigma preocupante
Aunque no es la primera vez que se denuncia el uso político del aparato de inteligencia en Argentina, el caso actual preocupa por el nivel de explicitud con que se menciona a sectores tradicionalmente ajenos a la seguridad nacional.
“El PIN institucionaliza una vigilancia sistemática a quienes defienden el ambiente, lo que contradice principios democráticos elementales”, concluyen desde las organizaciones.
El caso continúa generando debate en el Congreso, en el ámbito judicial y en foros internacionales de derechos humanos, mientras se esperan definiciones del Gobierno sobre la permanencia o modificación del controvertido documento.
