En la primera audiencia en Hamburgo, la delegación nacional sostuvo que extraer crudo en una zona bajo disputa provocaría un perjuicio irreversible. La solicitud incluye suspender nuevos permisos, conservar los datos de exploración y proteger el ambiente marino.
La Argentina expuso este martes 10 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar Sea Lion, un proyecto petrolero al norte de las Islas Malvinas. La primera audiencia se realizó en Hamburgo, Alemania, en el marco de la controversia con el Reino Unido por la explotación de recursos en esa zona.
El Gobierno presentó la solicitud el 13 de octubre e invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La delegación está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y entre quienes expusieron figuran el embajador Mario Oyarzábal y el jurista Marcelo Kohen.
El emprendimiento, a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, se ubica a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago. Las perforaciones están previstas para enero de 2027, según el cronograma citado en la cobertura de la audiencia.
Los argumentos argentinos para frenar la explotación
La presentación se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 2065, de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las Malvinas, mientras que la 31/49, de 1976, instó a las partes a abstenerse de introducir cambios unilaterales mientras la controversia siga abierta.
Kohen explicó que el reclamo busca resguardar los derechos que el país reivindica sobre la plataforma continental. “La tierra domina al mar”, afirmó ante los jueces al explicar por qué la discusión territorial es relevante para determinar a quién corresponden los recursos del subsuelo marino.
La delegación sostuvo que el petróleo es un recurso no renovable y que, una vez extraído, una decisión posterior resultaría insuficiente para restituirlo. También invocó los artículos 192 y 194 de la Convención, referidos a la protección del medio marino y a la prevención de la contaminación.
Las cuatro medidas y la posición británica
El planteo pide que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación vinculadas con Sea Lion y se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones en el área. También solicita preservar la información obtenida durante la exploración y adoptar medidas de protección ambiental.
La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo el 13 de octubre ante la Cámara de los Comunes que la presentación argentina carece, por sí sola, de efectos sobre las licencias vigentes. Agregó que el trámite tampoco obliga a suspender el desarrollo hidrocarburífero.
En esa intervención, la funcionaria citó el referéndum de 2013 en las Malvinas y afirmó que Londres seguía dispuesto al diálogo y a la cooperación práctica. La exposición ante los jueces será la instancia para conocer los argumentos jurídicos británicos frente al pedido cautelar.
Qué puede decidir el Tribunal del Mar
Las audiencias del martes 10 y el miércoles 11 de noviembre se concentran en las medidas provisionales. El fondo de la controversia planteada bajo la Convención deberá tramitar ante un tribunal arbitral previsto en su Anexo VII, dado que ambos países eligieron foros distintos para resolver disputas.
Antes de ordenar una cautelar, los jueces deben evaluar si el futuro órgano arbitral tendría competencia en principio y si existe urgencia para intervenir. También deben examinar si los derechos que la Argentina busca preservar cuentan con un fundamento razonable.
El Tribunal del Mar puede conceder las medidas solicitadas, hacer lugar solo a una parte del pedido o rechazarlo. Una vez constituido, el órgano arbitral podrá revisar las disposiciones que se hayan dictado y confirmarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
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