El Gobierno amplió las denuncias por actividades hidrocarburíferas en Malvinas e identificó a 27 empresarios y ejecutivos. La investigación buscará determinar qué intervención concreta tuvo cada uno en los proyectos petroleros.
El Gobierno amplió las denuncias por las actividades hidrocarburíferas en Malvinas e identificó a 27 directivos petroleros relacionados con las compañías que participaron en proyectos de exploración y eventual explotación. Los nuevos escritos incorporaron sociedades vinculadas con Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum, y profundizaron la investigación sobre ejecutivos de Navitas Petroleum y Eco Atlantic.
Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio. Una de las ampliaciones quedó incorporada a la causa CFP 4437/2026, que tramitaba ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini.
La nueva etapa de la investigación buscó avanzar sobre las estructuras internas de las empresas para reconstruir quiénes tomaron decisiones, organizaron el financiamiento, participaron de las contrataciones, brindaron asesoramiento jurídico o dirigieron las operaciones. La identificación de los ejecutivos, según aclararon los propios escritos, no implicó una imputación automática ni acreditó responsabilidad penal por el solo hecho de que ocuparan cargos societarios.
Las empresas alcanzadas por las presentaciones
Las denuncias, según publicó Infobae, incorporaron a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Además, ampliaron el análisis de las actividades atribuidas a Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Estas acciones continuaron una serie de medidas administrativas y judiciales adoptadas por el Gobierno nacional. En una primera etapa se habían iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías, a las que luego se sumaron otros 15 sujetos. De esa manera, el universo administrativo había alcanzado a 60 personas físicas y jurídicas vinculadas, según la posición argentina, con actividades petroleras desarrolladas sin autorización nacional.
La ofensiva se había concentrado inicialmente en el proyecto Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El desarrollo petrolero se convirtió en uno de los principales puntos de la disputa reciente y motivó el anuncio de sanciones y acciones judiciales por parte del Gobierno argentino. Las compañías involucradas sostuvieron, por su parte, que las medidas no modificarían el cronograma del proyecto, cuya producción estaba proyectada para 2028. Reuters
Los directivos de Navitas identificados
En la estructura de Navitas Petroleum Limited Partnership fueron individualizados Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg. La documentación los vinculó con áreas de conducción, finanzas, asesoramiento jurídico, operaciones, desarrollo comercial y fusiones y adquisiciones.
Tadmor fue identificado como presidente; Katz, como vicepresidente; Kornhauser, como director ejecutivo; Rosenberg, como responsable financiera; Abramov, como vicepresidenta y asesora general; Sorek, como vicepresidente de Subsuelo y Operaciones, y Bernheim, como responsable comercial y de fusiones y adquisiciones. Sternberg apareció relacionado con Navitas USA.
Los escritos señalaron que la importancia de esos cargos radicaba en su posible participación en decisiones necesarias para estructurar un proyecto petrolero, aunque dejaron en manos de la Justicia la determinación de si cada persona tuvo una intervención jurídicamente relevante en las actividades investigadas.
La presentación también mencionó a cinco integrantes de Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor. La subsidiaria fue considerada por el Gobierno como una parte de la estructura operativa de Sea Lion.
Ramsey apareció como director ejecutivo y Bamford como responsable de operaciones, mientras que Armstrong quedó asociado con las áreas de subsuelo y exploración; Gvura, con las finanzas, y Taylor, con la dirección del activo Sea Lion. La denuncia mencionó su posible intervención en “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” respecto de la exploración, el desarrollo y la futura explotación.
La investigación sobre Eco Atlantic
En el caso de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., la ampliación identificó a Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson. Los seis primeros ya habían sido mencionados en procedimientos administrativos anteriores, mientras que Ferguson fue incorporada en esta etapa penal.
Holzman apareció como presidente y director ejecutivo, y Levin como responsable financiero. Los demás fueron mencionados como integrantes del órgano de administración, con funciones ejecutivas y no ejecutivas. El propósito de la presentación, según el documento, fue determinar quiénes “adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisaron las decisiones” relacionadas con las actividades investigadas.
La Justicia deberá establecer si los cargos y funciones descriptos tuvieron una vinculación efectiva con la planificación, el financiamiento y la ejecución de operaciones. Esta evaluación será necesaria para diferenciar la pertenencia formal a una empresa de una eventual participación penalmente relevante.
Borders & Southern y otra zona de exploración
La presentación correspondiente a Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC individualizó a Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest. Dobson ya había aparecido en las actuaciones administrativas, mientras que los otros seis ampliaron la nómina de ejecutivos y técnicos bajo análisis.
En este caso, la investigación no se limitó a Sea Lion. Borders & Southern fue vinculada con la licencia PL018, donde se encontraba Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero localizado en el área de Malvinas. De acuerdo con la documentación presentada, Borders & Southern Falkland Islands Limited aparecía como operadora con una participación del 100% en esa licencia.
El Gobierno pidió que se investigara cómo se había organizado la estructura empresaria, qué sociedades participaron y cuál había sido el papel de las personas que adoptaron o ejecutaron decisiones relacionadas con la exploración y una eventual explotación de hidrocarburos.
Los 16 nombres que no estaban en las actuaciones administrativas
De las 27 personas identificadas en las presentaciones penales, 16 no aparecían entre los 60 sujetos comprendidos en las dos tandas de procedimientos administrativos conocidas previamente. Se trató de Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.
Los otros 11 ya habían sido alcanzados por alguna actuación anterior: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.
Los escritos remarcaron que la inclusión de una persona en la nómina no significó que estuviera imputada ni que existiera responsabilidad comprobada. La investigación deberá determinar la intervención concreta que pudo haber tenido cada ejecutivo en la planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, supervisión o asesoramiento de las actividades.
La ampliación contra Rockhopper
La causa que tramitaba ante el juzgado de Ercolini incorporó a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited. El Gobierno argumentó que el avance de Sea Lion había modificado el escenario que dio origen a las primeras investigaciones argentinas más de una década atrás.
“La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto Sea Lion”, sostuvo uno de los escritos.
Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited apareció vinculada con las licencias PL032 y PL033 y con el área de Sea Lion. Rockhopper Exploration (Oil) Limited, en tanto, quedó relacionada con las licencias PL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.
La presentación también incorporó información financiera procedente del registro societario británico. Entre los documentos mencionó una garantía constituida en abril de 2015 y otro instrumento registrado en diciembre de 2025 a favor de Macquarie Bank Limited. La Justicia deberá determinar la naturaleza de esas relaciones y su posible conexión con la estructura financiera del proyecto.
Los antecedentes de Desire Petroleum
Otro de los escritos estuvo dirigido contra Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company. La firma tenía antecedentes administrativos en Argentina desde 2012, cuando la Secretaría de Energía declaró ilegales y clandestinas sus actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
En 2013, el Estado sostuvo que la compañía continuaba realizando operaciones sin autorización nacional y que utilizaba una licencia considerada ilegítima para explorar hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas. Como consecuencia, la empresa quedó inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en Argentina.
La nueva presentación sostuvo que Desire Petroleum continuaba vinculada con distintas licencias. Según la documentación incorporada, en marzo de 2026 tenía una participación del 32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2, y del 35% en PL005.
A diferencia de las denuncias vinculadas con Navitas, Eco Atlantic y Borders & Southern, el escrito contra Desire Petroleum no incluyó una nómina de ejecutivos. En cambio, solicitó que la Justicia identificara quiénes habían intervenido en la planificación, autorización, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las operaciones.
Las posibles responsabilidades
Las denuncias se apoyaron principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que estableció sanciones por el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
Según lo expuesto en los escritos, el artículo 7 contempló penas de cinco a 10 años de prisión, multas e inhabilitación para quienes encargaran o realizaran actividades de exploración sin autorización. Para casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala indicada ascendió a entre 10 y 15 años.
El artículo 8 permitió analizar la eventual responsabilidad de directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos. El artículo 9, en tanto, contempló consecuencias para las personas jurídicas.
Las presentaciones dejaron abierta la posibilidad de investigar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero. También mencionaron, como hipótesis sujetas al resultado de las medidas probatorias, posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
El Gobierno solicitó mecanismos de cooperación internacional para obtener información societaria, bancaria, financiera, contractual y operativa. Además, planteó la eventual adopción de medidas cautelares patrimoniales si el avance de las causas reunía los requisitos legales.
La nueva etapa buscó pasar de la identificación de empresas, accionistas y proveedores a la reconstrucción de las decisiones adoptadas dentro de las sociedades. La Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades penales individuales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
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