La cautelar que obliga a aplicar la norma quedó firme luego del rechazo de la Corte al recurso oficial. El acuerdo con rectores contempla aumentos salariales, fondos de funcionamiento, becas y hospitales, pero los gremios reclaman una recomposición mayor.
La Ley de Financiamiento Universitario quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso presentado por el Gobierno nacional. La decisión mantiene vigente la cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y obliga al Ejecutivo a garantizar actualizaciones en salarios, becas y partidas para las universidades.
El máximo tribunal entendió que la presentación oficial no estaba dirigida contra una sentencia definitiva y, por ese motivo, desestimó el planteo. De esta forma, se sostiene la medida judicial que exige avanzar con la aplicación de la norma sancionada por el Congreso en 2025.
La resolución se conoció pocos días después del acuerdo firmado entre el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales. Ese entendimiento fijó una recomposición para docentes y no docentes, además de recursos para funcionamiento, becas y hospitales universitarios, aunque no alcanzó para cerrar el reclamo del sistema.
Cómo se aplicarán los aumentos acordados
En materia salarial, el acta establece un incremento total del 24,33% en la masa de haberes. La suba se dividirá en un 21,33% sobre los salarios de junio, calculado sobre los haberes de mayo, y otro 3% en octubre, que se aplicará sobre los básicos de septiembre.
El acuerdo también contempla que las paritarias vuelvan a reunirse cada tres meses. La intención es revisar la evolución de la inflación y discutir nuevas actualizaciones para los trabajadores universitarios, en un contexto en el que los gremios sostienen que la recomposición vigente todavía es insuficiente.
Además, se prevé un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades, una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano y una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Esos recursos forman parte de los compromisos asumidos este mes con los rectores.
Qué reclaman las universidades y los gremios
Desde el CIN y las organizaciones docentes plantean que el acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece que los salarios y las becas deben actualizarse de acuerdo con la inflación acumulada, mientras que el entendimiento firmado fija una recomposición parcial.
Los sindicatos universitarios señalan que los salarios arrastran una pérdida real cercana al 34% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A su vez, advierten que el presupuesto destinado al sistema universitario perdió alrededor del 29% de su poder de compra entre 2023 y 2025.
Con el fallo de la Corte, el Gobierno ya no podrá sostener ese recurso judicial para demorar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Resta conocer cómo se instrumentará el cumplimiento de la norma y si deberá disponer nuevas actualizaciones para cubrir las diferencias que reclaman los gremios y las universidades.
