Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra personas, compañías, accionistas y firmas proveedoras presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas.
El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización de la República Argentina. La medida fue dispuesta por la Cancillería por instrucción del presidente Javier Milei.
Según informó la Oficina del Presidente, las actuaciones estarán dirigidas tanto a personas humanas como jurídicas. El objetivo será investigar posibles violaciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 2º de la Ley 26.659.
La normativa regula las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El Gobierno sostuvo que los sujetos alcanzados estarían participando en actividades desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización nacional.
Empresas, accionistas y proveedores
Los procedimientos no estarán dirigidos únicamente contra las compañías que realizan tareas hidrocarburíferas. También comprenderán a sus accionistas y a las empresas que brindaron los servicios necesarios para desarrollar esas operaciones.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicó el comunicado.
Las autoridades deberán determinar la participación y responsabilidad de cada uno de los 45 sujetos investigados.
El anuncio se conoció después de que Milei anticipara medidas destinadas a acelerar y endurecer las sanciones contra quienes intervengan directa o indirectamente en proyectos petroleros dentro del área en disputa.
El avance de la explotación petrolera
El Gobierno expresó preocupación por el avance de proyectos destinados a extraer petróleo en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. Uno de los principales desarrollos señalados es Sea Lion, impulsado por compañías extranjeras.
En un comunicado anterior, la Presidencia había definido ese proyecto como un “peligro concreto y urgente” para los intereses argentinos. Además, sostuvo que implicaría la extracción de un recurso no renovable reclamado por el país.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe”, afirmó el nuevo documento oficial.
La administración nacional consideró que el avance de estas iniciativas profundiza la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido.
Las medidas anunciadas
El inicio de los 45 procedimientos forma parte de una estrategia más amplia presentada por el Presidente. Milei había anunciado la firma de un decreto para otorgar mayor celeridad a las actuaciones contempladas en la Ley 26.659.
También anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa buscará endurecer las sanciones y prohibiciones contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas.
El proyecto también contemplará sanciones para proveedores, accionistas y directivos. Entre las medidas anunciadas se encuentra la inhabilitación para operar o contratar dentro del territorio argentino.
Además, la propuesta prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional, establecer un régimen de protección de infraestructuras críticas y fortalecer la coordinación entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
“La Argentina no resignará su soberanía”
La Oficina del Presidente presentó las actuaciones como una respuesta frente al avance de la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
“Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”, manifestó el Gobierno en el comunicado difundido.
Finalmente, añadió: “Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”.
El documento concluyó con una advertencia hacia las personas y empresas involucradas: “Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”.
Las empresas que podrían ser sancionadas
El Gobierno ordenó las siguientes empresas bajo el marco de “licenciatarias ilegítimas”, según publicó Infobae:
Navitas Petroleum Development and Production Limited (Reino Unido)
Navitas Petroleum Atlantic Limited (Reino Unido)
Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited (Reino Unido)
Rockhopper Exploration (Oil) Limited (Reino Unido)
JHI Associates Inc. (Canadá)
JHI Falklands Inc. (Canadá)
Borders & Southern Falkland Islands Limited (Reino Unido).
Por otra parte, también incluyó a los accionistas de Navitas:
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (Israel)
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd (Israel)
The Phoenix Holdings Ltd (Israel)
Phoenix Financial Ltd (Israel)
The Phoenix Investments House Ltd (Israel)
Meitav Investment House Ltd (Israel)
Lo mismo hizo con quienes tienen acciones de Rockhopper:
Noked Capital Ltd (Israel)
Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido)
Exodus Management Israel Ltd (Israel)
Ion Fund Management Ltd (Israel)
Las investigaciones también comprenderán a los accionistas de Borders & Southern:
Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas)
Interactive Investor Limited (Reino Unido)
Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido)
Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido)
Lo propio ocurrirá con Eco (Atlantic) Oil & Gas y sus accionistas:
Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd (Canadá)
CIBC Asset Management (Canadá)
Canaccord Genuity Limited (Reino Unido)
Avanza Bank Holding AB (Suecia)
Coronation Fund (Sudáfrica)
Westmount Energy Limited (Jersey, islas del Canal)
Por último, la investigación y posible sanción incorporará a proveedores, asesores y compañías vinculadas a infraestructura:
Noble Corporation (Reino Unido), que figura como proveedor estratégico de infraestructura.
AP Moller Holding A/S (Dinamarca). Accionista de Noble Corporation y Seatrium
First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos) Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) (Estados Unidos). Constata como analista y asesora corporativa.
Fugro NV (Países Bajos). Figura como proveedora de servicios.
