Una empleada del Poder Judicial de Río Negro fue exonerada de su cargo luego de una auditoría interna que reveló que acumuló más de 400 días de licencia en solo cuatro años y figura como empleada activa en otros dos organismos.
Una empleada del Poder Judicial de Río Negro fue exonerada de forma definitiva tras una auditoría interna que expuso graves irregularidades en su desempeño laboral. La mujer, identificada como Paula P., acumuló más de 400 días de licencia entre 2019 y 2023 y, paralelamente, figuraba como trabajadora activa en otros dos organismos.
La pesquisa fue impulsada en mayo de 2024 por el coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, tras advertirse un patrón inusual de ausencias. Según confirmaron las autoridades, Paula P. presentó certificados médicos y licencias extraordinarias de forma reiterada, mientras continuaba percibiendo su salario como empleada judicial en Río Negro.
Lo más grave del caso fue el hallazgo de que, durante ese mismo período, Paula P. se trasladó a la ciudad de Neuquén, desde donde continuó cobrando su sueldo sin haber formalizado ninguna baja o modificación de su situación laboral original en el Poder Judicial rionegrino.
Doble empleo y violación a la Ley de Ética Pública
La investigación administrativa se fortaleció con los informes enviados por la AFIP y la ANSES, que confirmaron que la mujer también prestaba servicios en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados. Esta situación representa una clara incompatibilidad legal con su cargo en el Poder Judicial, ya que los empleados públicos no pueden desempeñar simultáneamente funciones en distintas jurisdicciones estatales sin la debida autorización.
Durante el proceso de descargo, Paula P. alegó “desconocimiento de la normativa y dificultades personales” como justificación a su conducta. Sin embargo, los instructores del sumario disciplinario determinaron que sus explicaciones no eran suficientes y que había incurrido en faltas graves al deber de probidad y cumplimiento funcional.
La resolución citó expresamente que su comportamiento violó “los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550”, normas que regulan la responsabilidad y la conducta de los empleados judiciales en la provincia.
Exoneración definitiva y posible causa penal
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió el 12 de febrero de 2025 aplicar la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario: la exoneración. Esta medida implica no solo la desvinculación definitiva de la administración judicial, sino también la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos.
Además, el máximo órgano judicial dispuso “remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por eventual perjuicio económico al Estado”, en relación con los salarios percibidos durante las ausencias injustificadas. (Con información de Infobae)
