Se trata en Diputados el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027. Elonce dialogó con Alejandro Acosta Juárez y Eugenia Rodríguez, quienes advirtieron que “la situación es crítica” y que “el sistema está al borde del colapso”.
La Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto que busca declarar la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa contempla una recomposición de los haberes a valores de diciembre de 2023, considerando la inflación acumulada, y establece una actualización automática mensual del nomenclador de aranceles para beneficiarios del sistema.
En diálogo con Elonce, Alejandro Acosta Juárez y Eugenia Rodríguez, integrantes del colectivo de prestadores y activistas en discapacidad, manifestaron su preocupación por la situación del sector y reclamaron la pronta aprobación de la ley. “La lucha es enorme y lo importante es unificarla”, coincidieron.
Acosta Juárez, comediante terapéutico, destacó que el espacio desde el cual comunican reúne a profesionales de distintas áreas, familias y organizaciones: “Discutimos las políticas públicas que históricamente han aplicado ajuste y recorte en discapacidad, más allá del color político de cada gobierno”.
“Es una deuda de todos los gobiernos”
“El proyecto busca reforzar la protección social de las personas con discapacidad y de sus familias, y garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, explicó Acosta. También señaló que el texto legislativo contempla modificaciones en la certificación de discapacidad, pensiones no contributivas y definición de criterios de inclusión.
“Entendemos que esta emergencia no es sólo por discapacidad, sino por un sistema de salud en crisis. Pero hoy estamos discutiendo esto porque es urgente”, remarcó. “Hay una limitación muy grande en lo presupuestario, y eso debería ser parte del debate de fondo”.
Por su parte, Eugenia Rodríguez detalló que la crítica situación financiera afecta directamente la atención: “Con semejante desfasaje es imposible sostener un consultorio. Los insumos, la matrícula, la caja de jubilación, todo aumentó y nuestros aranceles están congelados”.
“Hace meses que no cobramos y no se aprueban tratamientos”
Rodríguez indicó que, desde diciembre de 2024, hubo solo un aumento del 3,3% en un contexto de hiperinflación del 13%. “En 2025, el aumento fue del 0%. Necesitamos esta ley de urgencia, que actualice los aranceles según el IPC”, sostuvo.
También advirtió que hay tratamientos no aprobados por obras sociales y que muchos prestadores siguen sin cobrar lo trabajado en diciembre pasado. “Se está pagando a 90 o 120 días, y hay instituciones que aún no han cobrado lo que se facturó el año pasado”.
La profesional explicó que “hay tratamientos prolongados que no pueden interrumpirse sin consecuencias para los pacientes. Sostenerlos sin recursos es tristísimo”, dijo, y remarcó: “No todas las familias pueden pagar la prestación en forma particular dos o tres veces por semana”.
Representación, inclusión y derechos vulnerados
Rodríguez reclamó también el cumplimiento del cupo laboral en organismos estatales, el aumento de asignaciones y pensiones, y la participación de organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.
“La discapacidad no es una urgencia futura, es una amenaza que venimos arrastrando desde el año pasado. Hay recortes en medicamentos, pañales, transporte, órtesis, prótesis. Es responsabilidad del Estado”, sentenció.
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