Las resoluciones oficiales argumentan deficiencias administrativas, superposición de funciones y carencia de evidencia sobre el impacto real de las políticas públicas. Desde el Ministerio de Justicia aseguran que el recorte implicará un ahorro de más de 6 mil millones de pesos anuales.
El Gobierno nacional dio de baja una serie de programas orientados a la prevención de la violencia de género, según se desprende de las resoluciones 291 y 292/2025 publicadas en el Boletín Oficial. En total, son 13 las iniciativas que quedaron sin efecto.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, fue el responsable de formalizar la medida. El funcionario justificó la decisión como parte de un proceso de revisión de políticas públicas heredadas: “programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos, entre los que se encontraba el insólito ‘MenstruAR’”, declaró.
Según el ministro, la eliminación de estos dispositivos generará un recorte significativo en el gasto del Estado: “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, afirmó. También sostuvo que “ninguno de los 13 programas, creados entre 2020 y 2023, contaba con evidencia contrastable de impacto real, criterios de evaluación o control de resultados”.
Argumentos oficiales y auditorías internas
Cúneo Libarona enmarcó la medida en la política de ajuste promovida por el Gobierno de Javier Milei: “El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”, señaló.
De acuerdo con el texto de las resoluciones, las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad detectaron múltiples irregularidades. Entre ellas, mencionan "deficiencias en la administración de los recursos públicos asignados", así como "superposición de funciones con otras dependencias del Estado y falta de indicadores de impacto que justifiquen la continuidad".
Además, los informes señalaron que “la ausencia de una estrategia integral y de criterios uniformes de evaluación de impacto ha dificultado la medición de los resultados alcanzados por los programas en cuestión, ha impedido verificar su efectividad en la mejora de la situación de los grupos destinatarios”.
Qué programas fueron eliminados
-Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario
-Programa Nacional Articular para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de Género y Diversidad
-Programa Social Generar
-Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de personas en contexto de violencia por motivos de género
-Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, Empleo y Producción Igualar
-Programa Producir
-Programa Nacional para el fortalecimiento de la perspectiva de Género e Igualdad en la Diversidad en el desarrollo rural Sembrar Igualdad
-Programa Nacional Menstruar
-Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género
-Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para personas travestis, transexuales y transgénero
-Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”
-Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el sector privado “Formar Igualdad”
-Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en materia de Género y Diversidad
La eliminación de estos programas se da en el marco de un replanteo general del enfoque estatal sobre las políticas de género. Desde el Ejecutivo aseguran que buscan priorizar la eficiencia y la evaluación del impacto real en la asignación de recursos.
Sin embargo, sectores vinculados a los derechos humanos, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil ya manifestaron preocupación ante el desmantelamiento de políticas públicas que, según argumentan, eran fundamentales para la protección de poblaciones vulnerables. Hasta el momento, no se anunciaron reemplazos específicos ni nuevas estrategias para abordar la problemática de la violencia por motivos de género desde el Ministerio de Justicia.
