REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno denunció a ATE por los hechos ocurridos en la Dirección de Recursos Humanos y aseguró que hubo intimidaciones, forcejeos y daños. Oscar Muntes rechazó esa versión ante Elonce y sostuvo que la protesta fue “con vehemencia”, pero sin violencia.
El Gobierno denunció a ATE este martes ante la Unidad Fiscal de Paraná por los supuestos incidentes registrados durante una protesta en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes 399. Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que hubo "amenazas, forcejeos y daños", mientras que el secretario general del gremio, Oscar Muntes, negó ante Elonce que se hubieran producido "agresiones y amenazas".
La presentación penal fue realizada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos.
Según informó oficialmente el Gobierno, "alrededor de las 10:30 unas 100 personas identificadas con pecheras del sindicato llegaron hasta el organismo".
De acuerdo con la versión oficial, entre los manifestantes "había dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional", sostiene el Gobierno en el comunicado enviado a este medio. Además, sostuvo que "el grupo habría forzado el ingreso al edificio y que se produjo un forcejeo con trabajadores de Mesa de Entradas".
El Gobierno anunció que aportará filmaciones a la Justicia
El comunicado gubernamental señaló que los manifestantes "se desplazaron posteriormente por distintas oficinas y habrían proferido expresiones intimidatorias y amenazas mientras reclamaban la agilización de trámites gremiales".
Siempre según la denuncia oficial, "se registraron empujones y forcejeos hacia empleadas, golpes contra puertas y daños en el mobiliario". Además, se mencionó que "un trabajador habría permanecido encerrado en una oficina".
La presentación también incorporó como antecedente "un episodio ocurrido el 19 de mayo de 2026, cuando, según el Gobierno, se habrían producido amenazas de características similares contra la funcionaria". El Ejecutivo anticipó que "pondrá a disposición de la Justicia registros fílmicos y los testimonios de más de diez personas", además de solicitar medidas de seguridad para el personal.
Muntes rechazó las acusaciones contra ATE
Tras conocerse la denuncia, Oscar Muntes dialogó con Elonce y rechazó la descripción realizada por el Gobierno. “Desmentimos totalmente que ocurriera alguna intimidación, amenazas o acto de agresión. Concurrimos al lugar con nuestro reclamo, porque necesitamos respuestas, ya que no llegamos a fin de mes”, afirmó a este medio.
El dirigente sostuvo que los empleados de Recursos Humanos atravesaban las mismas dificultades que el resto de los estatales. “Las personas que trabajan en Recursos Humanos también son trabajadores y nosotros no agredimos a nuestros pares, que estamos pasando un mal momento y nos tienen relegados”, expresó.
Muntes reconoció que la protesta se desarrolló de manera enérgica, pero negó que hubiera violencia. “Llevamos nuestro reclamo con vehemencia, pero en ningún momento con violencia, amenazas o agresiones”, remarcó el secretario general de ATE Entre Ríos.
El gremio aseguró que las imágenes respaldan su versión
El representante gremial comparó lo sucedido con otra presentación realizada en la Secretaría de Trabajo. Explicó que allí fueron recibidos por autoridades y afirmó que una situación similar se produjo durante la protesta en Recursos Humanos.
“De la misma manera que hicimos en la Secretaría de Trabajo, donde nos presentamos y fuimos recibidos por las autoridades que estaban presentes, también fue esta mañana en Recursos Humanos, donde una funcionaria escuchó nuestras demandas y se comprometió a transmitirlas a sus superiores”, señaló Muntes.
Finalmente, el secretario general afirmó que existen registros audiovisuales de la movilización que, según su interpretación, permitirían corroborar la posición del sindicato. “Hay múltiples fotos y filmaciones que muestran nuestro reclamo y, claramente, se puede apreciar que no hubo amenazas y mucho menos agresiones”, concluyó.
De esta manera, las versiones del Gobierno y ATE quedaron contrapuestas, mientras la denuncia penal quedó en manos de la Justicia.
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