REDACCIÓN ELONCE
Diputados y diputadas del bloque Más Para Entre Ríos presentaron un proyecto para crear un sistema de información sobre políticas alimentarias en la provincia. La iniciativa busca mejorar el control, la transparencia y la planificación de programas de asistencia.
El Sistema de Información sobre Políticas Alimentarias en Entre Ríos es el eje de un proyecto de ley presentado por diputados y diputadas del bloque “Más Para Entre Ríos”, con el objetivo de mejorar el control, la planificación y la transparencia de las políticas sociales vinculadas a la asistencia alimentaria en la provincia.
La iniciativa propone crear un sistema que funcione en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, destinado a relevar, sistematizar, auditar y publicar información relacionada con los distintos programas y dispositivos de asistencia alimentaria que se ejecutan en el territorio entrerriano, señalaron en un comunicado enviado a este medio.
El proyecto, presentado por la diputada Laura Stratta, se fundamenta en el reconocimiento del derecho humano a una alimentación adecuada, saludable y suficiente, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el plano internacional. En ese sentido, la propuesta plantea fortalecer las herramientas estatales para garantizar ese derecho mediante políticas públicas más eficientes.
El objetivo: transparencia, planificación y mejor gestión estatal
En los fundamentos de la iniciativa se remarca que el Estado provincial debe asumir un rol activo como garante del derecho a la alimentación. “El Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”, señala el texto del proyecto.
Las políticas alimentarias, entre las que se incluyen programas de comedores escolares y comunitarios, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos y transferencias, conforman un campo de intervención pública complejo en el que confluyen dimensiones sociales, sanitarias, educativas y territoriales.
Según se explica en la propuesta legislativa, la calidad y la efectividad de estas políticas dependen de una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como de la continuidad de las prestaciones y de la capacidad del Estado para planificar y ajustar sus intervenciones a partir de información confiable.
En ese marco, la legisladora subrayó que la transparencia en la gestión de estos programas resulta fundamental para fortalecer la confianza pública y mejorar la eficiencia de las políticas sociales.
Un sistema unificado para ordenar la información alimentaria
El proyecto de ley que impulsa el Sistema de Información sobre Políticas Alimentarias en Entre Ríos plantea la creación de una herramienta integral que permita reunir en una misma plataforma la información vinculada a todas las políticas y programas alimentarios que se ejecutan en la provincia.
De acuerdo con los fundamentos del texto, la situación de vulnerabilidad social que atraviesan numerosas familias entrerrianas, con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, genera una demanda sostenida de asistencia en comedores escolares, merenderos y dispositivos comunitarios.
En ese contexto, se advierte que la fragmentación y dispersión de la información administrativa dificulta la capacidad del Estado para planificar, coordinar y evaluar las políticas públicas, lo que debilita la eficacia de las intervenciones.
Por ello, el sistema propuesto permitirá relevar y sistematizar datos sobre programas provinciales y nacionales, así como también sobre dispositivos alimentarios gestionados en conjunto con municipios, organizaciones sociales y entidades intermedias.
Cómo funcionará el sistema y qué información incluirá
La iniciativa establece que el sistema tendrá una estructura de doble capa para garantizar tanto la transparencia pública como la gestión técnica de la información.
Por un lado, se creará un Módulo Público de Acceso Abierto, que ofrecerá información agregada, georreferenciada y actualizada sobre los programas vigentes, su cobertura territorial, modalidades de prestación e indicadores básicos. Este módulo permitirá conocer el alcance de las políticas alimentarias sin exponer datos personales.
Por otro lado, se prevé un Módulo de Gestión y Monitoreo, de acceso restringido, destinado a la administración, seguimiento, control y evaluación de las políticas alimentarias. Este componente incluirá mecanismos de confidencialidad y auditoría para garantizar el resguardo de la información sensible.
Además, el proyecto contempla la creación de una sección específica de Acompañamiento y Donaciones Responsables, destinada a canalizar aportes de la comunidad y del sector privado hacia dispositivos territoriales verificados. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de las donaciones y evitar intermediaciones informales.
Participación académica y control institucional
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Consejo Académico-Técnico, que estará integrado por universidades e instituciones científicas con sede en la provincia.
Este consejo tendrá entre sus funciones proponer estándares metodológicos, definir indicadores de seguimiento, emitir recomendaciones para auditorías y elaborar informes periódicos sobre la situación alimentaria y el desempeño de las políticas públicas.
Asimismo, el proyecto establece la obligación de presentar un Informe Anual ante la Legislatura provincial, en el que se detallen indicadores de cobertura territorial, avances en la implementación del sistema y reportes agregados de transparencia.
“El objetivo es mejorar la calidad institucional de la gestión, fortalecer la transparencia y contar con información confiable y sistematizada que permita planificar mejor y garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación adecuada”, se señaló en el texto de la iniciativa.
Finalmente, la propuesta invita a los municipios de Entre Ríos a adherir al sistema mediante convenios de cooperación y establece plazos concretos para su reglamentación y puesta en funcionamiento una vez que la ley sea sancionada.
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