La Comisión de Juicio Político no convocó a sesionar y este lunes vencerá el plazo legal para tratar el expediente. La denuncia contra Susana Medina de Rizzo fue presentada por un docente jubilado y luego unificada con un planteo de una ONG.
El pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, quedará archivado este lunes, debido al vencimiento de los plazos legales establecidos para su tratamiento. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no realizó ninguna convocatoria para sesionar, por lo que el expediente perderá estado parlamentario.
El plazo de 30 días para emitir una resolución vence este lunes poco después de las 11, contados desde la presentación de la denuncia inicial realizada el 5 de diciembre del año pasado. Al no haberse convocado a los integrantes de la comisión para tratar el dictamen, el procedimiento caducará de manera automática.
La denuncia fue presentada por el docente jubilado y dirigente de AGMER Gualeguaychú, Eugenio Jacquemein, y posteriormente se sumó un planteo de la ONG Entre Ríos sin Corrupción. Ambas presentaciones fueron unificadas y se tomó la primera para el cómputo de los plazos.
Entre los cuestionamientos formulados contra la magistrada se incluyeron más de 600 días de ausencias entre 2016 y 2025, justificadas como capacitaciones o actividades institucionales, además de demoras en la resolución de causas en la Sala Laboral del STJ. También se mencionaron viajes al exterior y el uso de vuelos privados que no habrían sido debidamente informados.
Para que la Comisión de Juicio Político pudiera sesionar, se requería la presencia de al menos 26 de los 34 diputados. La falta de convocatoria impidió alcanzar el quórum necesario y dejó sin tratamiento el dictamen mayoritario elaborado por legisladores oficialistas, que proponía rechazar los cargos formulados, informó Análisis.
Desde el bloque del Partido Justicialista habían expresado su desacuerdo con ese dictamen, al considerar que no se había avanzado en una investigación exhaustiva de la documentación incorporada al expediente, entre ella informes del Superior Tribunal de Justicia, registros migratorios y actuaciones del Tribunal de Cuentas.