La investigación coordinada desde Buenos Aires incluyó 270 allanamientos en 17 provincias y otros 15 países. Las acciones se centraron en delitos vinculados al abuso sexual infantil en entornos digitales.
Un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes concluyó con 84 personas detenidas en Argentina y otros 15 países, tras una serie de allanamientos coordinados desde la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación, denominada “Aliados por la Infancia VI”, fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal porteño a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ). En total, se realizaron 270 procedimientos, de los cuales 68 se llevaron a cabo en territorio argentino.
El despliegue vinculado a la explotación sexual incluyó operativos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Chubut, además de la participación de fuerzas en Brasil, Panamá, República Dominicana, España y otros países.
Alcance del operativo
Según se informó, las detenciones están relacionadas con delitos de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. En el marco de la investigación por explotación sexual, se concretaron 26 arrestos en Argentina y 58 en el resto del mundo, según informó la Agencia NA.
Las tareas se desarrollaron a partir de la identificación de usuarios en redes digitales, mediante herramientas específicas utilizadas para detectar este tipo de delitos. La información recolectada permitió ubicar domicilios y coordinar acciones simultáneas en diferentes jurisdicciones.
En el país, se identificaron múltiples puntos de investigación distribuidos en varias provincias, lo que derivó en allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para su posterior análisis.
Trabajo conjunto y herramientas tecnológicas
El operativo contra la explotación sexual fue coordinado por la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien dispuso el uso de plataformas tecnológicas para el seguimiento de casos.
Estas herramientas permitieron detectar actividad vinculada a la distribución de material ilegal en redes P2P, así como analizar reportes provenientes de organismos internacionales.
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó el resultado del procedimiento. “Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, expresó.
