Empleada del Banco Nación de San Pedro quedó imputada por el presunto robo de $40 millones mediante maniobras irregulares con fondos del tesoro.
Una empleada del Banco Nación de San Pedro fue acusada por el presunto robo de $40 millones en el marco de una investigación judicial que la señala por el uso irregular de fondos del tesoro de la sucursal. La mujer, de 36 años, ocupaba un cargo clave en la administración de cajas y manejo del dinero de reserva.
La imputación fue presentada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lollo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, en una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo. Según la acusación, la trabajadora habría utilizado su posición para realizar maniobras contables sin respaldo y ocultar el faltante detectado.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades fueron advertidas por la Gerencia Zonal del Banco Nación, que intervino en la sucursal junto a equipos técnicos especializados de San Nicolás y Pergamino, tras detectar inconsistencias en los movimientos del tesoro.
Maniobras investigadas y retiro de fondos
El expediente sostiene que el 31 de marzo de 2025 la acusada habría sustraído $40 millones del denominado “tesoro reserva”. Según la hipótesis fiscal, el dinero fue ocultado entre su ropa dentro de una bolsa de nailon y retirado del banco sin ser detectado en el momento.
Posteriormente, se registró un pase contable de $10 millones desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático, lo que habría formado parte de un esquema para encubrir el faltante. Estas operaciones llamaron la atención de los auditores internos del banco.
La investigación también indica que la empleada habría recurrido a movimientos contables y financieros para disimular las diferencias en los registros oficiales del tesoro de la sucursal.
Uso de fondos para deudas personales
Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando la acusada habría retirado fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre”. Según la acusación, ese dinero habría sido destinado a la cancelación de deudas personales, publicó Noticias Argentinas.
En ese marco, se le imputa haber utilizado los fondos para pagar alrededor de $16 millones en consumos de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, además de realizar pases virtuales por montos similares con el objetivo de equilibrar los registros contables.
El fiscal Di Lollo calificó la conducta como peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 10 años de prisión. El juez interviniente avaló los cargos, dispuso un plazo de 90 días para la investigación penal preparatoria y ordenó el embargo del domicilio de la imputada junto con su inhibición general de bienes.
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