REDACCIÓN ELONCE
El niño de 12 años que sufrió una descarga eléctrica continúa internado en terapia intensiva del Hospital San Roque. Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron a Elonce que electrificar cercos con 220 volts es ilegal y representa un grave riesgo.
El niño de 12 años que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Su familia informó que su estado de salud muestra una evolución favorable en las últimas horas. Se trata de Esteban Bogado, quien permanece bajo tratamiento médico tras el grave episodio que generó conmoción en la comunidad. Su madre aseguró que la recuperación avanza de manera constante y destacó que se registró “un cambio increíble” en las últimas horas.
Tras el hecho, el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, a través de Elonce pidió reflexionar sobre los riesgos que implican los cercos electrificados con corriente domiciliaria. “No es una medida sana ni legal electrificar con 220 volts un cerco perimetral, un portón o una vivienda”, afirmó.
Además, remarcó que este tipo de acciones pueden provocar consecuencias graves e incluso mortales. “Eso es ilegal, no se puede hacer, y no es la solución que debemos tener como vecinos para vivir en comunidad”, insistió.
“La convivencia ciudadana tiene que ver con los buenos modales, los buenos tratos, con una convivencia sana, más allá de los de las cuestiones de inseguridad que nos aquejan”, destacó.
Riesgos y responsabilidades legales
Amavet explicó que la utilización de electricidad domiciliaria en cercos perimetrales puede generar responsabilidades penales y civiles para los propietarios.
“Las responsabilidades penales indican que una persona no puede actuar de manera desproporcionada frente a una situación. La reacción no puede ser desmedida. Por ejemplo, si alguien ingresa a cometer un delito contra la propiedad privada, como un robo, eso no habilita a poner en riesgo su vida”, aclaró. Y agregó: “Si una persona muere por una descarga de este tipo, puede existir una responsabilidad penal por homicidio culposo para el propietario de la vivienda”.
Advirtió, además, que quienes instalan estos dispositivos podrían enfrentar reclamos civiles por daños y perjuicios. “También existe una responsabilidad civil que deberá afrontarse por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, ya sea sobre la vida o por las lesiones que eventualmente pueda sufrir la persona afectada. Por eso, este tipo de cerramientos puede generar muchos problemas y consecuencias legales para un vecino que decida implementarlos”, especificó.
Alternativas de seguridad
El defensor del Pueblo explicó que existen mecanismos legales para proteger una vivienda sin poner en riesgo la vida de otras personas. Entre ellos mencionó sistemas de seguridad habilitados, cercos eléctricos de bajo voltaje instalados a determinada altura y por empresas autorizadas, con señalización visible para delimitar los perímetros de las propiedades privadas.
También recomendó recurrir a herramientas comunitarias y a la intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones de inseguridad. “Tenemos que trabajar la seguridad en comunidad y no con respuestas individuales que pueden generar un riesgo mortal para los demás”, sostuvo.
“Los cerramientos dentro de la propiedad privada están permitidos, pero quien los instala es responsable por los daños que pueda causar a otra persona. En general, este tipo de medidas son preventivas, es decir, buscan impedir el ingreso de alguien y no ocasionar un daño o una lesión. Si se produce una lesión, el propietario deberá responder por las consecuencias. Por eso, se recomienda cerrar la propiedad y buscar alternativas de prevención que dificulten el ingreso, pero sin generar situaciones que puedan provocar daños a quien eventualmente ingrese”, explicó Amavet.
Sobre el accionar del sacerdote
Se recordará que la vivienda donde ocurrió el hecho, según indicaron los residentes de la zona, pertenecería al cura párroco César Smith. Sin embargo, señalaron que el religioso no viviría allí de manera permanente, sino en la Residencia Sacerdotal de calle Italia.
Al respecto, el Defensor del Pueblo opinó: “Si efectivamente fue así, el sentido ético resulta aún más reprochable, porque los pastores son quienes deberían dar el ejemplo y promover ideas sobre cómo abordar la violencia o la inseguridad desde otra perspectiva, no desde este tipo de acciones. Por eso, si se llega a determinar que esto fue instrumentado por un párroco, la situación sería todavía más grave, ya que quienes ocupan ese rol deberían ser precisamente los primeros en dar el ejemplo”.
Finalmente, Amavet también cuestionó las opiniones que responsabilizan al niño por lo ocurrido. “Hay que pensar que puede ser el hijo de cualquiera. Los chicos no tienen conciencia de que un vecino pueda electrificar un cerco con 220 volts”, expresó.
En ese sentido, pidió evitar la estigmatización de la víctima y centrarse en prevenir este tipo de situaciones. Mientras tanto, el niño continúa internado en el hospital San Roque y su evolución es seguida de cerca por los profesionales médicos.
